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La Multisectorial Paren de Fumigarnos, de Argentina, informó que tras casi dos años de litigio judicial el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail resolvió alejar las aspersiones terrestres de todo tipo de agrotóxicos, a mil (1.000) metros de la planta urbana de la ciudad de Sastre y Ortiz, Provincia de Santa Fé, República Argentina; el fallo sienta un precedente histórico ya que se basa en evidencias científicas relacionadas a la toxicidad del Glifosato y extiende la protección a toda una comunidad. En Paraguay continúan impunes violaciones a la prohibición de fumigar a menos de 100 metros de sitios de concurrencia pública.

Ilustracion: Misiones Plural

“La ratificación de Escazú se logró en un momento clave, ya que el Acuerdo otorga herramientas fundamentales para hacer frente a la emergencia sanitaria y sus muy severas consecuencias económicas y sociales. Cuando, además, la crisis climática nos golpea de manera directa al agravar las consecuencias de los incendios intencionales propagados por gran parte del territorio nacional, todo lo que signifique proteger personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad es no solo bienvenido, sino absolutamente necesario. Por eso celebramos que Argentina se haya convertido en el décimo país en ratificar. Estamos, ahora sí, a un paso de la entrada en vigor. ¡Sigamos pidiendo #EscazúAhora!”.

La señora Jadichi Balbuena, pobladora de la Colonia 6 de Enero Planta 1 del distrito de Tacuatí (San Pedro), denunció que sus cultivos de sandía se vieron afectados por las fumigaciones provenientes de los sojales, propiedad de colonos menonitas de la zona.

La Asociación de Productores Joaju, de la Comunidad campesina 1° de marzo, ubicada en el distrito de Ybyrarobana, Departamento de Canindeyú, se movilizaron hoy exigiendo la regularización de las tierras que ocupan desde hace más de 8 años. Las más de 400 familias campesinas que ocupan unas 4.500 hectáreas exigieron también políticas de apoyo a la producción de alimentos.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), el instrumento jurídico internacional más importante y más avanzado para la defensa de los derechos colectivos indígenas, cumple trece años.