Pacto de Leticia, reunión infructuosa
para la Amazonía

Oscar Bazoberry Chali

El día 6 de septiembre, se llevó a cabo una Reunión de Jefes de Estado y Jefes de Delegaciones en Colombia. El fuego y la devastación de los incendios para la deforestación en la región sudamericana, ya se habían difundido a nivel mundial, y en especial, la población de los países amazónicos mostraba su preocupación por las políticas y la responsabilidad de sus gobiernos en estos fenómenos donde confluyen causas climáticas con acciones humanas.

A mediados de septiembre, con mayor información sobre la magnitud de los incendios y su recurrencia en los últimos años, y la escasa reacción de los países y la región en emergencias de esta naturaleza. Ningún gobierno dispuso a la población de información continua, sistemática, y en tiempo real sobre los incendios. Este hecho que desnudó la escasa información oficial y pública sobre la tenencia y distribución de tierras, permisos de desforestación, y otros que permitirían tener mayor certeza sobre las responsabilidades y acciones de previsión a futuro.

Sobre esta base, se puede valorar la reunión de los presidentes y el texto firmado, que se denominó “Pacto de Leticia por la Amazonía”.

Primero:

La convocatoria y la reunión se realizaron al margen de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). El documento del pacto se refiere a esta institución intergubernamental de los mismos países que propiciaron el encuentro de Leticia, como un tercero, un externo, al mismo nivel que otros Estados y fuentes de cooperación: “Nuestra intención de cooperar y nuestro llamado a otros Estados interesados, a la Organización  del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y demás organizaciones regionales e internacionales a cooperar para la consecución de las acciones aquí acordadas construyendo en armonía con los esfuerzos nacionales y en atención a las solicitudes de los países amazónicos signatarios de este Pacto y con pleno respeto a su soberanía” (Pacto de Leticia, 2019).

El Pacto llama a “Fortalecer la acción coordinada para la valoración de los bosques y la biodiversidad, (…) Establecer mecanismos de cooperación regional y de intercambio de información para combatir acciones ilegales, (…) Crear la Red Amazónica de Cooperación ante desastres naturales”; entre otras intenciones y verbos que expresan acciones inaugurales como si no existieran o no habrían existido anteriormente, incluyendo la creación de organizaciones intergubernamentales.

A su vez la OTCA, que visiblemente no jugó ningún rol en el evento, días después publica un comunicado valorando la acción de los Estados en apaciguar los incendios forestales, controlar la deforestación, y remata la publicación en formato de noticia, con un mensaje de la Ex Secretaria de la OTCA, la ecuatoriana Rosalía Arteaga Serrano (gestión 2004-2007), que llama a retomar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y dar funcionalidad a la OTCA, en vez de crear nuevas instituciones.

Al parecer, como en otros casos en la región, nuevamente tenemos una organización intergubernamental disfuncional con los procesos políticos de la región, con escasa capacidad técnica y con ninguna relevancia en el alcance de sus propios objetivos.

Segundo:

Resalta en el texto publicado, la “advertencia” de que las Amazonías, son propiedad y un asunto de los Estado-nacionales. Afirmación llamativa porque el trasfondo de la declaración es una reiteración histórica de la mirada de los Estados sobre los territorios y poblaciones, a quienes se les niega su historia propia, cultura y formas de gobierno subnacional, y de autogobierno reconocido en sus normativas, y por el derecho internacional refrendado en los países.

Utilizamos en plural Amazonías, por la interdependencia de los sistemas ecológicos y la acción humana, y que desde la mirada de los Estados son territorios fragmentados por el derecho internacional y su soberanía, aunque no atención. Como reza el Pacto de Leticia: “Reafirmando los derechos soberanos de los países de la región Amazónica sobre sus territorios y sus recursos naturales, incluyendo el desarrollo y el uso sostenible de esos recursos, conforme es reconocido por el derecho internacional”, agrega “Alentando a la comunidad internacional a cooperar por la conservación y el desarrollo de la Amazonía, sobre la base del respeto a sus respectivas soberanías, prioridades e intereses nacionales”

Dada la primacía de los Estados, cabe la pregunta ¿Para qué un pacto? Caben dos respuestas: 1) para mejorar la colaboración de los Estados en un objetivo común sobre la Amazonía; 2) para ratificar sus soberanías en un contexto de globalización que amenaza las decisiones de los gobiernos. En este texto, prima la segunda.

Tercero:

Se reconoce la importancia que en la declaración, y en la organización del evento, ha tenido y tiene la población indígena. La combinación del enfoque de biodiversidad y “pueblos indígenas y tribales y pueblos en condición de aislamiento voluntario  y  contacto  inicial  (PIACI)  poseedores  de  saberes  ancestrales, conocimientos  tradicionales  y  diversidad  cultural  y  lingüística,  que  deben protegidos”, es altamente significativa.

Sin embargo, es tenue el reconocimiento a los derechos sobre el territorio, y las demandas de autonomía, derecho a la consulta, participación en las decisiones sobre el territorio independientemente del Estado que los acoja, y a estas alturas, también podemos decir, a pesar de quienes ostentan sus gobiernos.

Resulta más ilustrativa, la ambigüedad de la declaración respecto a los otros actores que se encuentran en la Amazonía, quienes impulsan la deforestación, quienes realizan las actividades ilegales, quienes fomentan el mercado inmobiliario y las ciudades, quienes contaminan los ríos, quienes extraen la madera. Se omite, como en otros documentos oficiales, nombrar a los otros sujetos que se encuentran activos en la Amazonía y que amparados en las leyes de los países o en las omisiones institucionales, son parte del problema que se pretende enfrentar, y tendrán que ser parte activa de las soluciones.

La omisión a la multiplicidad de actores e intereses, en este caso, resguarda la responsabilidad de los Estados apuntando al conjunto de “actividades ilegales que atentan la conservación de la Amazonía”, y no así a las actividades legales e impulsadas por los propios Estados, incluida la violencia ejercida contra los líderes y población indígena amazónica.

Para terminar

El Pacto de Leticia anticipa, o más bien reitera, el ánimo de los Estados sudamericanos respecto a los recursos naturales, la biodiversidad, los recursos estratégicos como el agua, y su subordinación a la economía extractiva y dependiente que está vigente y se consolida en los últimos años, incluidas las actividades que en el documento se señalan como ilegales. En este sentido la Amazonía no es una excepción.

Como en otros documentos, siempre será un gran paso el reconocer a los pueblos indígenas, el patrimonio de la biodiversidad. Sin embargo, continuará siendo una visión parcial si no se nombra, identifica y conoce a los otros actores que intervienen en los territorios, y en buena parte de las veces violentan las estructuras sociales y las de la naturaleza, por codicia de la acumulación y por la búsqueda de mejores oportunidades. En este sentido, no se puede aislar discursivamente a la Amazonía del conjunto de políticas nacionales y la responsabilidad de los gobiernos en los desplazamientos forzados, y en los incentivos, formales e informales, a la inversión extractivista –nacional o transnacional- insostenible.

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que las iniciativas, actividades, prácticas, expectativas que atentan con la biodiversidad y las culturas amazónicas, se han transnacionalizado, translatinizado, por lo que los intereses de los gobiernos, en protección de empresas de sus países, contradice la idea de soberanía a la que hacen alusión en el Pacto de Leticia. Si a esto le sumamos la histórica y permanente debilidad de las organizaciones intergubernamentales, de los mecanismos de colaboración y cooperación regional que se han creado en Sudamérica y Latinoamérica, el impacto de la OTCA o lo que pueda sustituirla en el corto plazo, es más un juego de luces que la voluntad de fortalecimiento de un sistema de coordinación efectivo.

Algunos datos

El encuentro de Leticia es producto del Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional Perú-Colombia que se reunió el 27 de agosto de 2019 en la ciudad de Pucallpa Perú. En el comunicado indica: “4. Los señores Presidentes reconocieron la necesidad de unir esfuerzos en beneficio de la protección y uso sostenible de la región Amazónica, por ser uno de los ecosistemas más importantes para la resiliencia del planeta, y coincidieron en impulsar la propuesta de Colombia de convocar a los países amazónicos para establecer un Pacto que procure su conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible, en beneficio de las comunidades que la habitan, con pleno respeto a las respectivas soberanías nacionales. Para ello acordaron convocar una urgente reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la región Amazónica en Leticia (Colombia) el 6 de septiembre, con el fin de aunar esfuerzos para este propósito” (https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/50233-declaracion-de-pucallpa).

Con un lapso muy breve, para 10 días después, el Presidente de Colombia llama a una Cumbre Presidencial por la Amazonía, y hace una alusión al tratado y estructura intergubernamental vigente, “Es cierto que en 1978 se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y después, en la década del 2000, se creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), pero lo cierto es que la OTCA y el Tratado como tal se han quedado cortos y no han tenido el suficiente liderazgo a nivel presidencial para entender cómo debemos ejercer una protección armónica, confiable y basada en indicadores, de nuestra Amazonía” (https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Presidente-Duque-liderara-este-viernes-en-Leticia-la-Cumbre-Presidencial-por-la-Amazonia-191905.aspx).

Cabe recordar que el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), ha sido firmado julio de 1978 por todos los países que tienen presencia en la Amazonía. Con un protocolo de enmienda, firmado en Caracas en diciembre de 1998, se crea la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) con sede permanente en Brasilia. En esta coyuntura, la Secretaría General está en manos de Bolivia.

En el portal electrónico de la OTCA, se publica una noticia en la que la Ex Secretaria de la OTCA, la ecuatoriana Rosalía Arteaga Serrano (gestión 2004-2007), sin hacer referencia a la reunión de Leticia, publica una nota titulada “El porqué de la OTCA”, donde indica lo siguiente: “La idea de crear un nuevo tratado significaría desconocer una tradición que ya tiene cuatro décadas e implicaría un partir de cero en la consecución de acuerdos en los que ya la organización tiene cierta experiencia. Es hora de volver al multilateralismo para solucionar los problemas, de fortalecer las instituciones y no crear nuevas que entrañan dificultades burocráticas para cristalizar acuerdos” (http://www.otca-oficial.info/news/details/582).