El cacao en los planes y políticas estatales, una mirada al Ecuador y Bolivia

Lorenzo Soliz Tito

Filósofo. Máster en Desarrollo Humano y Seguridad Alimentaria (UMSS). Trabaja en desarrollo rural hace más de 25 años.  Fue Coordinador del Foro Andino – Amazónico y director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Actualmente es encargado del área de Planificación y Proyectos en el IPDRS

En la última década, en todos los países de la región sudamericana con producción de cacao se ha ampliado la superficie cultivada con diferentes variedades y con avances diferenciados en rendimiento, Se han formulado planes de desarrollo económico y social o del sector agropecuario de largo plazo, hacia el 2025 o hacia el 2030, donde el cacao tiene importancia significativa. Ecuador lidera la producción en el continente y la Amazonía boliviana lucha por la producción de cacao y almendra.

Mayor posicionamiento internacional del cacao ecuatoriano

Ecuador, según un comunicado reciente del Ministerio de Agricultura de este país, “se convirtió en el primer exportador de cacao en grano en América y ocupa el cuarto puesto en el mundo entre todos los tipos de ese producto, lo que representa un aumento del 168% en los últimos 10 años". (Agraria.pe)

Este sería el resultado de la implementación del Proyecto Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, cuyo objetivo es impulsar por un período de diez años la reactivación de ambos rubros a través de incentivos productivos para la rehabilitación o establecimiento de cafetales tipo Arábigo y Robusta, y la renovación de plantaciones de Cacao Nacional Fino de Aroma.

El programa comenzó en 2012 para rehabilitar y renovar 354.000 hectáreas de café y cacao mediante podas, entrega de plantas e insumos para el manejo de los cultivos, así como asesoría técnica especializada para los productores. Los agricultores también se beneficiaron del acceso a AgroSeguro, un seguro agrícola subsidiado por el Gobierno en 60% con el fin de proteger la inversión realizada en las plantaciones de cacao, cubriendo los montos de inversión en caso de pérdidas por condiciones climáticas adversas.

El Programa ha logrado incrementar la productividad de 0,18 TM a 0,49 TM/ha para cacao. En 2014 se exportaron más de 240.000 TM de cacao, lo que corresponde a 95.000 TM adicionales a las generadas en 2007. Al 2016 se contará con el 100% de hectáreas rehabilitadas. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, La política agropecuaria ecuatoriana: hacia el desarrollo territorial rural sostenible: 2015-2025. I Parte, 2016)

La producción de cacao en este país es de muy antigua data. “En la época colonial, como en el período de formación de la República, el comercio exterior estuvo vinculado al extractivismo primario. Durante el siglo XVI y parte del XVII, el primer rubro de exportación ecuatoriano fue el oro, extraído de las minas auríferas de Cuenca, Zamora y Zaruma (Ordoñez 2012). Posteriormente fue el cacao, el banano y el petróleo.” (Idem.).

En la actualidad el cacao es producido por la pequeña agricultura campesina, la mediana agricultura y la agricultura empresarial, en las regiones de costa, la sierra y el oriente, con una gama diversas de combinación de cultivos (café-cacao-plátano, café-yuca-plá¬tano, cacao-yuca-plátano, café-maíz-frutales, cacao-maíz-frutales, pastizales-frutales, entre otros.) y de monocultivo.

Una reciente publicación de SIPAE Cacao y campesinos: experiencias de producción e investigación, ratificando el incremento significativo de la producción de cacao en el Ecuador en los últimos catorce años, releva la importancia de las agriculturas campesinas familiares en la producción de cacao en el siglo XXI, así como de su principal estrategia de producción y comercialización: la organización (Christian Aliaga, http://cebem.org/?p=1977).

Avances en la producción del cacao boliviano

Desde 1997 la Cooperativa Campesina El Ceibo ha incursionado en la producción del caco híbrido y actualmente lo hace bajo condiciones orgánicas; se ha utilizado ampliamente semilla sexual hibrida y hace dos décadas, plantas clonadas de selecciones locales. Los cultivos son asociados de manera temporal (con banano, plátano, papaya, entre otros) y de manera espacial a partir del segundo año con frutas como chima, palta y pacay, y forestales como huasicucho, mara, cedro, entre otros. La Cooperativa ha avanzado en la trasformación y comercialización a nivel nacional e internacional, es un referente significativo.

En cuanto al cacao silvestre o nativo, es un rubro tradicional en el mundo indígena de la amazonía. Los primeros reportes datan del año 1829, cuando el Estado autorizó su recolección y comercialización. Actualmente la superficie preliminarmente estimada es de 11.544 hectáreas (MDRYT, 2016, inédito), a las que comunidades indígenas y campesinos acceden para recolectar el fruto

Sumado a ello, en la última década hubo nuevos avances en el potenciamiento de la producción y recolección del cacao silvestre, sobre todo en el cultivo del cacao amazónico boliviano y manejo de bosques de cacao silvestre fino de aroma. Se ha incrementado la superficie cultivada, las superficies de cacaotales silvestres manejados y los volúmenes de productos procesados que llegan al desayuno escolar o se comercializa en mercados regionales, nacional y de exportación.

Según la información histórica del Instituto Nacional de Estadística, en la última década, a nivel nacional la superficie cultivada de cacao se incrementó de 8.439 hectáreas a 10.291; el volumen de 4.406 toneladas métricas a 6.143. El Censo agropecuario del 2013, los departamentos de Beni y Pando, donde el cacao es prácticamente en su totalidad silvestre y cacao amazónico cultivado (1.308 recolectores y 749 productores), el volumen total obtenido sería 517,46 toneladas.

Avances notorios se han dado en el norte amazónico y la parte sur del Departamento del Beni, que no hubiera sido posible sin un logro previo e importante de las organizaciones campesinas indígenas: acceso a importantes superficies de tierra y recuperación de territorios en las últimas dos décadas, donde ahora se recolecta cacao silvestre junto con otros productos (entre ellos la castaña) y frutos amazónicos, y cultivan el cacao en sistemas agroforestales (una combinación de cultivos anuales o de corto plazo, de mediano y largo plazo), como alternativa de desarrollo en esta región. Productores campesinos e indígenas que antes no poseían tierra y territorio han logrado visibilizar al país por su reconocimiento a la calidad de su grano de cacao en el Salón de chocolate de París en dos versiones, 2013 y 2015.

A diferencia del Ecuador, el cacao en Bolivia es producido y recolectado por productores y recolectores campesinos indígenas, salvo algunas propiedades privadas medianas o grandes donde han quedado algunas islas o manchas de bosque de cacao silvestre que son recolectadas por sus propietarios, incluso manejadas en algunos pocos casos. En las fases de transformación y comercialización intervienen también otros actores, incluidas las empresas.

Estos avances han permitido recolocar el rubro en la agenda pública, se ha formulado leyes y normativas a nivel nacional, departamental y municipal, se ha incluido el rubro en los Planes y programas de corto, mediano y largo plazo.

Las perspectivas al 2025

Tanto Ecuador como Bolivia han formulado sus planes de desarrollo a largo plazo, con metas al año 2025. En el caso de Ecuador se trata de La política agropecuaria ecuatoriana: hacia el desarrollo territorial rural sostenible: 2015-2025. En el caso boliviano del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (Ley Ley Nº 786) en el marco de La agenda patriótica 2025 (Ley Nº 650), y el Programa de fortalecimiento de la producción de cacao en Bolivia, 2016.

Ecuador: estabilizar de la superficie y duplicar el rendimiento

Algunas instituciones como el Banco Mundial han previsto la caída de los precios a mediano plazo de varios productos, entre ellos el cacao. En cambio, el Instituto Internacional de Investigaciones sobre políticas Alimentarias (IFPRI), en una perspectiva de más largo plazo, estimó que entre 2010 y 2050 los precios reales de los productos sobre todo alimenticios se irán incrementando (59% en el caso del trigo, el 78% en el caso del arroz y el 106% en el caso del maíz). Tomando en cuenta estas proyecciones y las suyas propias, la política agropecuaria ecuatoriana prevé la disminución de la superficie de cultivo de algunos rubros, la ampliación de otros y la estabilización de los restantes. En ese marco, para el presente siglo definió cinco principales productos agropecuarios de exportación, entre ellos el cacao, con el 6% del total de exportaciones agropecuarias. La superficie del cultivo de cacao se mantendrá en 508.885 hectáreas cultivadas hasta el año 2025 con un rendimiento que se incrementaría de 213 mil toneladas a 492 mil; es decir, 2,3 veces de incremento. Una estimación por unidad de superficie da cuenta que se pretende incrementar el rendimiento de 0,42 TM/ha a 0,93 TM/ha; es decir, de las actuales 9,13 qq/ha. a 20,22 qq/ha. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, La política agropecuaria ecuatoriana: hacia el desarrollo territorial rural sostenible: 2015-2025. I Parte, 2016)

Bolivia: dubitaciones para fortalecer el sector cacaotero

En Bolivia la Agenda patriótica, en su pilar 6, referida a la Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, contempla el incremento del volumen total de la producción agrícola donde por lo menos la mitad de la producción corresponderá al aporte de los pequeños productores y organizaciones económico comunitarias. Asimismo, los bosques ya no serán considerados como tierras ociosas para la agricultura, sino que son escenarios integrales de producción y transformación de alimentos, recursos de biodiversidad y medicinas.

En la Cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia, llevada a cabo en 2015, se propuso el incremento de 55.000 nuevas hectáreas con sistemas agroforestales a nivel nacional con cacao criollo e híbrido mejorado (actual producción es de 8.000 hectáreas). Implementar la Política Nacional del Cacao. Apoyo para la sostenibilidad a largo plazo de la producción del cacao orgánico bajo sistemas agroforestales y manejo de cacaotales silvestres.

(http://www.ruralytierras.gob.bo/comunicacion/CartillaCumbreAgroproductivaWEB.pdf) 

Por su parte, en el Plan de desarrollo económico social 2016-2020, promulgado en 2016, y que es una concreción de la Agenda Patriótica 2025 establece el manejo en sistemas agroforestales (café, cacao, frutas tropicales, entre otros) en al menos 200 mil hectáreas de superficie de bosque. (Gobierno de Bolivia, PDES, 2016)

Asimismo, en respuesta del IV Congreso Nacional de Productores y Recolectores de Cacao el país, de octubre de 2015, el gobierno nacional ha priorizado la formulación de la Estrategia de la Política Nacional del Cacao, como instrumento de orientación al desarrollo y fortalecimiento del Complejo Productivo Integral del Cacao, documento que fue elaborado pero no promulgado. Elaboró el Programa “Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Producción de Cacao en Bolivia”, para el periodo 2016 – 2020 (tampoco se conoce que el documento fuera publicado oficialmente).  El objetivo general del programa es “desarrollar el potencial productivo del cacao cultivado y silvestre incrementando su producción, generando ingresos económicos de los productores y recolectores cacaoteros”.  Se otorga importancia similar al cacao híbrido, al amazónico boliviano y al cacao silvestre, pretende el incremento de la producción del cacao cultivado y silvestre de 2.000 toneladas métricas por año (TM/año) a 7.000 TM/año.

Mejorar del rendimiento de cacao cultivado híbrido de 8,25 quintales por hectárea (qq/ha) a 13 qq/ha y la capacidad de recolección de cacao silvestre por familia de 2 qq/familia a 3 qq/familia, sería la base productiva que pueda responder a la demanda nacional y al mercado internacional. Otra meta es lograr que de las 9.062 hectáreas de cacaotales silvestres 3.200 hectáreas estén rehabilitadas y/o renovadas; lograr que otras 8.500 hectáreas estén bajo conservación, manejo y protección. Finalmente, al 2025 se ha propuesto establecer 16.000 hectáreas de cacao nativo cultivado y híbrido (39%% amazónico cultivado y 61% híbrido).  (MDRYT, Implementación del programa de fortalecimiento de la producción de cacao en Bolivia. Construyendo la agenda del sector cacaotero en Bolivia, 2016. Documento inédito)

El Programa fue oficialmente inaugurado en julio del 2016, pero, lastimosamente, a inicios del 2017 se comunicó que el mismo quedó suspendido por falta de recursos económicos en el nivel nacional de gobierno, sin una información precisa si fue cerrado, fusionado o paralizado temporalmente. Ante esta situación, muchas organizaciones, autoridades y productores de Beni y Pando expresaron su malestar y frustración y anunciaron que harán una representación a instancias superiores. Esperemos que no se trate de una renuncia a una de las metas de la Agenda patriótica.

Ante este nuevo escenario el camino que queda por ahora es que deberán ser las organizaciones locales y los gobiernos subnacionales que deberán hacerse cargo enteramente de seguir promoviendo el cacao por su cuenta y según su capacidad.

El desafío tanto para el Ecuador como para Bolivia sigue siendo pasar de las grandes metas y los planteamientos a largo plazo –necesarios por supuesto-, a la concreción efectiva y con la asignación de recursos institucionales, humanos, tecnológicos, materiales y económicos. Ecuador sin duda tiene más camino andado y otros países como Bolivia podrían aprender de su experimentada trayectoria.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Defensoras de los territorios

Mujeres planteando alternativas al modelo de desarrollo extractivista

Carmen Francisca de las Nieves Aliaga Monrroy

Antropóloga, Responsable del Área de Investigación Social y de Género del Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), activista del movimiento de mujeres ambientalistas y actualmente investigadora del programa de maestría del CIDES – UMSA en el área de Teoría Crítica.

Los efectos de los sistemas extractivos, han tenido, como explica Carmen Aliaga, “efectos ambientales y sociales devastadores para los pueblos; principalmente para las mujeres, que han resentido los impactos diferenciados de este modelo de desarrollo en los territorios que habitan”. Sin embargo son las mujeres de Sudamérica que desarrollan una connotación de los territorios entendidos como totalidades, a niveles profundos, con dimensiones sociales transformadoras para justa distribución de los recursos y un contexto ambiental favorable para la reproducción de la vida, la seguridad alimentaria y el   reconocimiento de los territorios hacia una relación más sostenible con la naturaleza.

El extractivismo desde una perspectiva histórica y geopolítica

Por lo general y desde una mirada histórica, la economía mundial ha estado íntimamente ligada a las diferentes lógicas del desarrollo unilineal y progresivo que se había propuesto como única alternativa de las sociedades en camino a la modernidad. Estos modelos de desarrollo han estado y están aún orientados hacia la maximización de los recursos, la incorporación de diferentes tecnologías en sistemas de producción tradicional y; principalmente hacia la extracción desmesurada de los recursos naturales bajo la lógica del paradigma del costo-beneficio económico.

Estos diferentes procesos de producción, orientados hacia la explotación de los recursos, se muestran cada vez como insostenibles hablando en términos ambientales y sociales. En las últimas décadas diferentes movimientos territoriales, ambientales y también analistas que provienen del medio académico han desarrollado diferentes críticas a esta nueva etapa de este modelo de desarrollo hegemónico que ha sido caracterizado como extractivismo. 

Para abordar el extractivismo en contexto latinoamericano es necesario tener una perspectiva histórica y geopolítica de distribución de los circuitos de producción que han identificado a las zonas rurales de las “periferias mundiales” como fuente inacabable de materias primas. Cuando Mónica Bruckmann evidencia al fracaso hegemónico de implementación de cambios socio-institucionales que debían acompañar a las innovaciones tecnológicas en el desarrollo del capitalismo mundial; caracteriza que éstas afectan al sistema económico y constituyen innovaciones articuladas que, en el caso de Latinoamérica han perpetuado dependencias limitantes en cuanto al control de sus recursos naturales. Después de la recesión de la década del 30 hasta la década del 60, en un contexto en el que EEUU aprovecha las consecuencias económicas de la posguerra (fase A del IV ciclo de Kondratiev), se gesta un lapso temporal en el que se instaura la modernidad en Latinoamérica a través de la difusión de innovaciones tecnológicas y la expansión de las multinacionales (Bruckmann, 2017).

Las incapacidades institucionales instauradas en esta época fueron más que un fracaso, un perjuicio con el que ha tenido que arrastrar esta región. El ingreso de las multinacionales, como parte de la expansión del mercado mundial, restringió el entorno social y político y a la vez delimitó el ámbito tecnológico a los intereses hegemónicos. Este hecho ha incrementado en gran medida el poder de las transnacionales, y al mismo tiempo, ha posibilitado un extractivismo intensivo de los recursos naturales de nuestra región. Los países que lograron conseguir los beneficios que requerían de las innovaciones tecnológicas, se les facilitaba la tarea de enfrentar el siguiente ciclo postindustrial. En cambio, para Latinoamérica esta transición involucraba un estancamiento en la nueva onda de innovación tecnológica al no tener beneficios del anterior ciclo. Por lo tanto, se ha difundido tanto a nivel de programas de desarrollo, de políticas públicas y en general de políticas económicas de los diferentes contextos latinoamericanos.

Este tipo de sistemas productivos han tenido efectos ambientales y sociales devastadores para los pueblos; y principalmente para las mujeres de los mismos, que han resentido los impactos diferenciados de este modelo de desarrollo en los territorios que habitan y, por supuesto en sus cuerpos. Asimismo son ellas también las que han protagonizado diferentes procesos de resistencia socioambiental en defensa del medio ambiente. 

Dimensión cuerpo – territorio como paradigma de protección y autocuidado

Frente a este tipo de efectos del modelo de desarrollo extractivista, diferentes movimientos sociales, indígenas, de mujeres, territoriales y ambientalistas de distintos sectores de America Latina han planteado alternativas a la relación que el ser humano entabla con la naturaleza, en relación al aprovechamiento de los recursos naturales.

Uno de los aportes más importantes es la concepción que se ha desarrollado principalmente a partir de las experiencias de Guatemala y Centro América que plantean la defensa del territorio desde una perspectiva de las mujeres, esta alternativa ha adquirido una dimensión muy importante para transformar la lógica con la cual se enfoca a los recursos que provienen de la naturaleza. Esta perspectiva que proviene de las mujeres indígenas recupera un principio fundamental de convivencia, coexistencia y respeto que es imprescindible para contrarrestar los efectos de la devastación ambiental, el cambio climático y los impactos del extractivismo.

Enfocar la injusticia ambiental desde la óptica de las mueres implica reconocer que el modelo de desarrollo extractivista ha estado atravesado por relaciones de dominación patriarcal. Uno de los ejemplos de esta realidad son los datos que demuestran el acceso injusto de las mujeres a la tierra.

“En términos de propiedad sobre la tierra, la FAO apuntó que las mujeres se encuentran en franca desventaja frente a los hombres. Diferentes estudios demuestran que las mujeres propietarias de tierras alcanzan alrededor del 32% en México, el 27% en Paraguay, el 12% en Honduras, el 15% en Guatemala, el 13% en El Salvador8. En el caso de Nicaragua, el 23% de las explotaciones agrícolas están manejadas por mujeres, siendo explotaciones significativamente más pequeñas que las que manejan los hombres (Korol, 2016, pág. 13)

En contraste, son las mujeres las que asumen una sobre carga de responsabilidades con respecto al cuidado del hogar y; por otra parte, en contextos rurales, el trabajo productivo de las mujeres es indispensable para economías locales y comunitarias. Un trabajo que además no se reconoce y tampoco adquiere una valorización en el mercado; por lo tanto, podría concluirse que las mujeres realizan un trabajo invisibilizado a los sistemas agroproductivos en un modelo de desarrollo extractivista que las margina de una participación real en el respeto de sus derechos. 

Es también a partir de este trabajo femenino que se desarrolla una connotación de los territorios entendidos como totalidades, no sólo a nivel productivo, sino a nivel intersubjetivo, en el que la dimensión social adquiere vital importancia para la transformación de los sistemas productivos a favor de una justa distribución de los recursos y un contexto ambiental favorable para la reproducción de la vida. 

En primer lugar, está la dimensión territorial de las resistencias que plantea no sólo el valor económico de la tierra, sino sus potencialidades bióticas que abarca desde la capacidad de reproducción de la vida orgánica, hasta la reproducción de la vida social. Las formas culturales y sociales con las que cada pueblo y sociedad se apropia de los territorios, a partir de una relación colectiva y no de una fragmentación y/o privatización de los recursos; se presentan hoy como posibilidades productivas, economícas y hasta ontológicas de desarrollo de los pueblos desde una mirada diversa, integral y, sobre todo sostenible con la naturaleza.

A partir de este primer acercamiento al enfoque territorial, es importante reconocer el aporte del ecofeminismo y, sobre todo de las resistencias de las mujeres mayas que han caracterizado que el primer territorio que se habita es precisamente el territorio – cuerpo. Al tener conciencia de esta territoriliación del cuerpo, se hace posible la necesidad de la protección y el cuidado de los territorios como organismos holísticamente vivos. Partir de este principio ecofeminista, es no sólo una propuesta femenina, sino integral que replantea los usos y valores que se les asigna a los recursos de la naturaleza. La aplicación práctica de este nuevo paradigma escapa a idealismos o utopías y, se va plasmando en propuestas productivas concretas.

Alternativas de autodesarrollo, autogestión y estructuras comunitarias desde las voces de las mujeres

Desde esta nueva óptica, se vienen planteando diferentes estrategias comunitarias productivas en clave femenina e indígena. Estas estrategias se plasman en opciones económica sí, que sin embargo no pueden ser analizadas sin una perspectiva que entienda el desarrollo como un proceso integral. Alejándose posiblemente cada vez más de la lógica de un único desarrollo, para plantear en su lugar una perspectiva del autodesarrollo de los pueblos, de la autogestión y de las capacidades autónomas de los mismos.

Quizá el principal recurso que requiere ser pensado a partir de diferentes formas de gestión, son las fuentes de agua. Frente a la escasez de este recurso y los casos de despojo por extractivismo en América Latina, las mujeres están creando y recuperando diferentes formas de gestión y vigilancia de estos recursos que viene desde la cosecha del agua, hasta la zonificación para la protección de puntos clave como cabeceras de cuenca, lugares sagrados, ceremoniales y, principalmente un enfoque de cuenca. El trabajo en este campo, orientado por mujeres indígenas de diferentes comunidades tiene el potencial de tomar en cuenta los valores culturales que son transmitidos de generación y generación a partir del reconocimiento de los territorios y bioindicadores que permiten una relación más sostenible con la naturaleza.

En segundo lugar está el rol de las mujeres en la soberanía alimentaria, como una posibilidad para garantizar el acceso a una alimentación más justa, no sólo para poblaciones rurales, sino también urbanas. Los roles culturales que asumen las mujeres en las comunidades agroproductoras, generan que ellas tengan un conocimiento más completo de todo el proceso de producción y distribución de los alimentos. Cuando, por ejemplo, este tipo de proceso son interrumpidos por actividades extractivas y; a raíz de contaminación tóxica se destruyen territorios productivos, se vulnera esta potencialidad. La posibilidad de generar ámbitos que recuperen este tipo de conocimientos y formas de relacionamiento con la naturaleza son los únicos mecanismos para generar proceso de justicia alimentaria, de control de semillas sanas, de mayor justicia social y ambiental en general.

Finalmente, como un desafío a largo plazo, es importante privilegiar espacios de discusión en los que se replantee prácticas de manejo territorial en diferentes nichos ecológicos que son parte de una cultura indígena campesina, principalmente en zonas andinas. El empoderamiento de estas prácticas a partir de proyectos de desarrollo alternativo y de políticas públicas desde los Estados; podría ser una de las pocas opciones para frenar el desastre ambiental que se viene gestando no sólo por efecto del cambio climático, sino por actuación de industrias extractivas que están devastando territorios, pueblos y derechos de las mujeres que reciben impactos diferenciados. 

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Pensando la productividad del cacao en clave de la soberanía alimentaria

Karen Mercado Andia 

Economista y maestra en sociología por la Universidad Autónoma de Puebla. Participó en varios procesos de investigación sobre violencia/mujeres, medio ambiente y (re)producción social, económica y política de entramados comunitarios. Actualmente es parte del equipo de investigación del IPDRS

El documento manifiesta reflexiones iniciales en relación al Complejo productivo del Cacao Amazónico boliviano.  El área de investigación del IPDRS, a través de Karen Mercado, muestra que la producción del cacao recae en los pequeños agricultores y productores, teniendo una tendencia estable en su crecimiento. La importancia de la seguridad alimentaria, entonces; debe ser un foco de debate para el acceso a los alimentos nutritivos con adquisición local.

El trabajo que se viene realizando dentro de la unidad de investigación del IPDRS, en relación al Complejo productivo del Cacao Amazónico boliviano, me permite adelantar, a modo de reflexiones iniciales unas cuantas provocaciones en relación al planteamiento de políticas, proyectos y programas para este sector.

Bajo esta reflexión inicial, podemos señalar en relación al cacao, en Bolivia, que si bien no es una producción que haya sido intervenida –en el proceso productivo- por la agroindustria, eso no implica que la lógica del mercado mundial, sea en capacitación, en tecnología, y en el propio producto, no influya en los procesos nacionales.

Es conocido que la mayor parte de la producción de cacao a nivel mundial, aproximadamente el 90%, recae en pequeños agricultores (Acebo, 2016), y que estos lejos de encontrarse libres de la presión ejercida por transnacionales alimenticias, que controlan el comercio mundial del cacao, responden muchas veces a las necesidades del mercado. Incluso se ha denunciado de manera reiterada que este cultivo está expuesto a la explotación de mano de obra, muchas veces sin considerar criterios mínimos de las convenciones internacionales sobre la protección a los trabajadores, y la complicidad de los gobiernos que dependen de las exportaciones y no brindan mayor atención a sus productores (Gil, 2015).

En el caso de Bolivia, que es verdaderamente marginal en la producción de cacao en el mundo y por tanto existe un tanto al margen del mercado mundial de materia prima, la producción del cacao recae en pequeños productores, propiamente en 9.000 familias (CATIE/FAO, MDRyT/IPDSA, 2016), las cuales a partir de la mayoría de los acercamientos realizados al sector –desde instituciones públicas o privadas- y dentro de las acciones asumidas o proyectadas para mejorar y/o incrementar la producción, tienen como denominador común el orientar la producción para exportar, lo que efectivamente ocurría en décadas pasadas. Sin embargo, hoy existe una demanda interna insatisfecha, más aún el país tiene una balanza negativa en materia prima y una brecha enorme a nivel de productos procesados con base al cacao.

Dando una rápida mirada al mercado mundial del cacao, señalar que en términos de producción, el grano de cacao se ha incrementado en un 2.4% anual desde 1995 -esto principalmente a partir del ampliación en la superficie cosechada-, alcanzando para el 2013 un total de 4.3 millones de toneladas. De esta producción, el continente africano concentra aproximadamente dos tercios de la producción a nivel mundial, es decir el 66.7% (2013), le sigue Asía abarcando el 17.5% de la producción, como tercera región se encuentra América, logrando el 15.7% de la producción mundial de cacao, seguida de Oceanía con una producción mínima y decreciente. (ICCO, 2014)

Ahora bien, volcando la atención en el sur de América, podemos ver en el caso de Ecuador -segundo productor de cacao en la región- que sólo aproximadamente el 10% de los granos de cacao producidos son procesado a nivel local, el resto (90%) es destinando a la exportación (Acebo, 2016). En el caso de Bolivia viendo el balance entre exportaciones e importaciones del cacao y productos derivados, mencionar que el grano de cacao además de no tener una tendencia estable en su crecimiento, en los últimos años ha tendido a disminuir el balance positivo entre exportaciones e importaciones, llegando incluso en el 2014 a presentar un valor negativo de -289 toneladas. Por otro lado, las importaciones de productos derivados del cacao -incorporados en la dieta alimenticia de la población boliviana- se han incrementado, por ejemplo en el caso del cacao en polvo sin adiciones de azúcar, ha implicado balances negativos con tendencia creciente, es decir, las importaciones son cada vez mayores a las exportaciones dando como resultado valores negativos, teniendo del 2013 al 2015 los siguientes datos respectivos: -1.598 Tn., -1675 Tn., -1.808Tn. (INE, 2016). Entre otros datos para el periodo de 2010 a 2015, se señala que la brecha entre consumo y producción alcanza un promedio de 7.144 Tn/año, la cual viene a ser cubierta por las importaciones. (CATIE/FAO, MDRyT/IPDSA, 2016). 

Partiendo de estos datos, es importante resaltar que si bien existe una demanda internacional, en la cual la producción de cacao amazónico boliviano, tiene un nicho de mercado importante, principalmente en lo que se refiere al cacao fino, que representa entre el 6% y 8% de la producción mundial de cacao, y al que América Latina provee alrededor del 80%, no debemos perder de vista que los esfuerzos por mejorar e incrementar la producción sean pensados y planificados considerando la importancia de garantizar, en primer término, la seguridad y soberanía alimentaria del país, lo cual no implica descartar las posibilidades de exportación sino más bien repensar las prioridades de la producción y su destino, que más allá de fortalecer las políticas productivistas mercantiles actuales, puedan poner como centro la reproducción de la vida humana y no humana de manera más congruente con la sostenibilidad, la redistribución, la justicia y la equidad.

Pero por qué enfatizar en la importancia de la seguridad alimentaria, si podríamos asumir que las exportaciones significan ingresos para el país, como también la venta de cacao significa ingresos para los productores, el cual puede o incluso -en la mayoría de los casos- va destinada con prioridad a la adquisición de alimentos. Acá debemos enfatizar en la importancia que adquiere hoy por hoy el poder acceder a alimentos nutritivos y sanos, lo cual implica además de tener en cuenta los valores nutricionales, el no estar expuestos a agroquímicos, tal el caso del creciente mercado de la  producción orgánica, o de productos con elevados niveles nutricionales, como la quinua, que si bien en muchos casos nace de la búsqueda y/o rescate de un alimentación más favorable para nuestros cuerpos, ha implicado la potenciación de la industria natural, bio, orgánica de los alimentos.

Es un afirmación clásica la que indica que los productores venden su mejor cosecha y adquieren productos de dudoso valor alimentario, más aún que está comprobado que afectan la salud de la población, todo el tema de la obesidad y otros males que aquejan a la humanidad, castigan más duramente a las poblaciones pobres. Esto ocurre de manera creciente en el campo, sectores empobrecidos, y con mayores déficit alimenticios, que muchas veces ven reducido sus márgenes de opción a alimentos baratos y llenadores con bajos niveles nutricionales, como las harinas y azúcares refinados, o la comida rápida y/o chatarra, impulsados tras toda una propaganda mediática, que hace que la alimentación para una gran mayoría desposeída tenga cada vez menos en cuenta la nutrición y la salud.

En este sentido, al momento de plantear y realizar acciones pensadas en mejorar la producción del cacao en Bolivia, como en otros países, es importante no perder de vista, en qué medida nuestras acciones toman en cuenta todas las consideraciones y aspectos de mercado, producción y salud de la población, a la hora de proponer y promover políticas públicas que intensifiquen un sistema productivo, que en el caso de la Amazonía, es tradicional y enraizado culturalmente en la mayoría de la población, especialmente indígena.

Referencias Bibliográficas

Acebo, Mauro (2016) Industria de Cacao. Orientación estratégica para la toma de decisiones. ESPAE-ESPOL

CATIE/FAO, MDRyT/IPDSA. (2016). Programa "Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Producción de Cacao en Bolivia" 2016. La Paz.

Gil, A. (28 de abril de 2015). hipertexual.com. Obtenido de https://hipertextual.com/2015/04/esclavitud-infantil-industria-chocolate

International Cocoa Organization (ICCO). (2014). The Cocoa Market Situation

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

La investigación como un tejido de relaciones, complicidad y empatía

Ruth Bautista Durán

Tiene formación en Sociología y Literatura Latinoamericana, además dos especializaciones en Estudios Culturales, Investigación para el desarrollo, Economía Feminista y Educación Superior. Se desempeñó como investigadora del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB) y ha participado de varios programas de desarrollo con profesión en Gestión Territorial y Género. Es autora de varias publicaciones sobre género, organizaciones originarias, políticas agrarias e interculturalidad. Actualmente es investigadora del IPDRS y coordinadora del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio.

Cada día, en nuestro país y continente, la lucha indígena por el acceso a la tierra es más perene. Es por eso que uno de los impulsos más grandes de trabajo del Movimiento por la Tierra y Territorio es la de presentar casos donde testimonios y accionares de protagonistas manifiestan su realidad y la solución de sus problemáticas; inspirándonos a trabajar y luchar por un país igualitario, comprendiendo la fuerza y articulación de los pueblos indígenas y campesinos. Nuestro rol, entonces es más claro: la dinamización de gestiones a través de la investigación.

La primera propuesta de la Asociación Departamental de Antropólogos de La Paz (ADA La Paz) a la iniciativa de articulación del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, señaló al caso de la Central Agraria de Zongo (Caso 83) como la primera experiencia que logró arrebatar un proceso jurídico de características penales y territoriales a un juez ordinario, para declinarla a la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC) y, así, defendió su acceso a la tierra ante una empresa minera.

Como todas las experiencias que registra el Movimiento, este caso nos aproximó al testimonio de los protagonistas, Ángel Sullca, Macelo Chambi, Betty Macusaya y Juan Carlos Marcani, que participaron en la Comisión de Justicia y Enlace jurídico e interlegal de la Central Agraria de Zongo. En algún momento, Marcani comprendió que la comisión requería de insumos para dar sustento histórico e identitario a su demanda y, buscaron articularse a ADA La Paz, a través del antropólogo Pedro Pachaguaya. Tal parece que el logro de la Central Agraria de Zongo tiene múltiples alcances y nuevas alianzas por el desarrollo de la inter legalidad y diversas acciones de apoyo e intercambio de experiencias.

En ese camino, varios estudiantes del mundo se han visto atraídos por la posibilidad de observar los procesos de ejercicio de la plurinacionalidad y la justicia indígena en Bolivia[1], y encuentran en ADA La Paz, una plataforma académica independiente y desburocratizada para aproximarse al avance de estos estudios y a experiencias territoriales en curso. Resulta interesante, además, que el propio Juan Carlos Marcani, a partir de sus estudios en derecho, decida incorporarse al grupo de investigadores para así, replicar y continuar la reflexión colectiva sobre la jurisdicción indígena.

Luego de este interesante trabajo, Pedro Pachaguaya colabora con Samuel Flores, ex autoridad originaria de la Nación Qhara Qhara y actual secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina para la organización de un conversatorio[2] y la elaboración de un documento sobre la autoidentificación cultural en las cédulas de identidad[3], un tema que visualiza otra veta para el fortalecimiento de las organizaciones y gobiernos indígenas originarios.

Nuevamente, ADA La Paz le plantea al Movimiento un caso inspirador de acceso a la tierra y territorio y esta vez se trata de un proceso de retorno a la tierra que pone en cuestión diversos aspectos de interés, tanto de la titulación colectiva de tierras como de los tópicos agrarios y étnicos más abordados de la investigación. Coniri, comunidad originaria de la Marka Tapacarí Cóndor Apacheta (Oruro), deja en entredicho la calidad del “saneamiento” de tierras, pues muestra la falencia principal del Estado ante la conflictividad de tierras en el altiplano boliviano y, a la vez, expresa las pocas opciones que ven las autoridades originarias de los territorios para ejercer su gobierno al calor de las fiebres mercantilistas, el monocultivo de la quinua y la creciente sequía de los últimos años.

La imagen de una familia despojada de sus tierras tendría que ser la imagen más desalentadora a retratar, no obstante, los investigadores Amy Kennemore, Pedro Pachaguaya y varios estudiantes de Antropología insisten en que se trata de un caso inspirador y que el acceso a la tierra y territorio, a través del retorno, está muy próximo. Con estos antecedentes, las dinamizadoras del Movimiento decidimos visitar Coniri y conocer a la familia Quispe-Calani, junto a los compañeros de ADA La Paz.

En unos entrañables días de convivencia y recorridos, ensayamos juntos lo que será el retorno a la tierra de las familias. Mabel Calani, quien siendo casi una niña fue la última en dejar los terrenos y quedó gravemente marcada por los hechos de violencia, afirma “estamos felices de volver, aquí éramos felices nosotros”, los primos ya mayores rememoran sus lugares de pastoreo y juego, mientras que las abuelas y abuelos no pueden contener el llanto al ver abandonado el paisaje que los vio crecer, “bonita era mi casita”, “todo mi trabajo aquí está”, “aquí estaban mis animalitos”, se lamentan. 

Al visitar cada una de las parcelas transcurren también los relatos del espanto. El deseo manifiesto por acaparar la tierra comunitaria; la familia “malcriada”, conflictiva y violenta; el amedrentamiento; el crimen que genera un condenado a prisión y desata más intimidación y agresiones; el incendio de las casas, los huesos quebrados, la sangre en las paredes, la falta de respeto a las autoridades originarias y un sinfín de escenas que no están presentes ni en los estudios del “boom de la quinua”, ni de la “descampesinización y éxodo rural”.

En algún momento del recorrido por las parcelas y al avizorar la potentada casa, nos sorprenden los gritos de la jefa de la familia que ha concentrado la tierra de la comunidad a fuerza de ataques y tortura física y psicológica al resto de los comunarios. Las miradas de propios y extraños se cruzan y no hallan asidero, entre el temor y la perplejidad.

Ante este tipo de hechos y la amenaza a la integridad física, los investigadores sociales suelen poner en cuestión su posicionamiento ético y político, se aviva la tensión entre el compromiso político y los réditos en la academia que el “yo testifical” suele obtener en contextos de adversidad o violencia. El aprendizaje concreto de ADA La Paz, sus investigadores y muchos de los aliados institucionales, dirigentes y activistas del Movimiento, es que muestran las posibilidades de un contexto en y junto a los protagonistas de un controvertido y contemporáneo mundo rural. Si bien es cierto que los mecanismos de despojo y extracción de recursos naturales se han perfeccionado, también las sociedades rurales se han transformado y generado diversas estrategias. Los investigadores académicos no tienen más un lugar jerárquico, un privilegio epistémico sobre los grupos sociales; éstos los interpelan, cuestionan y subordinan a sus procesos. La complicidad y empatía no sólo se traduce en la sujeción de los investigadores al proyecto político, sino también a la toma de posición de los protagonistas de los procesos territoriales en ámbitos académicos y de desarrollo. No serán más –si así lo decidimos-, ámbitos antagónicos o distantes, será la interlocución comprometida horizontal la que produzca conocimiento.

La gran expectativa que tenemos de la familia Calani-Quispe es que pueda retornar a la comunidad de Coniri, a la comunidad de donde son originarios, pero además, la gran esperanza que vislumbramos es que con esta experiencia podamos proliferar más procesos de investigación-acción territoriales. De lo que se trata entonces es de ampliar los lazos comunitarios hacia la academia, el desarrollo y el activismo social, estos lazos que el Movimiento entiende como alianzas por la tierra y territorio.

Notas al pie de página

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Tierra, violencia y desplazamiento 

 Malkya Tudela

Periodista, trabajó en el periódico La Prensa y el periódico digital del PIEB, cuenta con Maestría en Estudios Críticos del Desarrollo en CIDES- UMSA. Actualmente trabaja en la Unidad de Investigación del IPDRS.

La violencia estructural ha convivido con las comunidades campesinas y pueblos indígenas tanto como es posible forzar la memoria. La violencia política especialmente, tanto en Colombia como en el Perú, provocó que grupos humanos completos abandonaran sus tierras y territorios, en desplazamientos forzados de los que hasta ahora se desconoce el impacto tanto para esas poblaciones como para la sociedad en general. El Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, no sólo ayuda a visibilizar la lucha por la que lleva su nombre, también abre espacios de debate e inspira a trabajar por un mundo donde la tierra, su tenencia y su trabajo dignifican y merece ser también de mujeres.

Aunque la guerra interna se ha dado oficialmente por finalizada en el Perú, donde contendieron el Estado peruano y el Partido Comunista del Perú, y recientemente la comunidad internacional fue testigo de la firma del acuerdo de paz en Colombia, entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el desplazamiento forzado es un hecho que todavía tiene secuelas sociales, políticas y psicológicas en las poblaciones obligadas a abandonar sus tierras.

Algunos estudios de caso del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio (MRxT) tienen en su contexto a la violencia estructural y a la violencia directa como elementos con capacidad de definir el futuro de una comunidad, al obligarla a tomar decisiones drásticas en busca de su supervivencia.

Para este análisis tomaremos en cuenta solamente seis casos de Colombia y Perú porque en ambos países sucedieron históricamente levantamientos armados cuyo objetivo fue enfrentarse al poder estatal. Esta selección no exonera a los demás países de ejercer esa violencia contra poblaciones campesinas e indígenas, y sus aliados. Los asesinatos de dirigentes campesinos, e incluso de líderes religiosos, activistas o abogados que apoyan a los campesinos e indígenas en Brasil y Paraguay, son moneda corriente en la pugna por la posesión de la tierra.

En el Perú, de once casos de acceso a la tierra, hasta el momento dos relatan el retorno a la comunidad después de un desplazamiento forzado. En Colombia, el MRxT reporta 19 relatos de acceso a la tierra, de los que cuatro hacen referencia a procesos de desplazamiento y/o reasentamiento sucedido en el marco de los hechos de violencia.

La violencia estructural

 La violencia estructural propiciada por las desigualdades y jerarquías sociales es aquella que ocurre de manera no explícita pero que produce la privación de derechos y necesidades básicas de las personas. Aunque no necesariamente se aplica la violencia física o directa para mantener a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad, desventaja o desposesión, debemos aclarar que si no existieran mecanismos represivos tampoco ese poder económico y político podría ser ejercitado y prolongarse en el tiempo.

Ese poder ejercido por los antiguos dueños de la tierra es un hecho grabado en la memoria de la población, incluso después de haber vivido periodos de violencia armada entre el Estado y un grupo irregular. El caso 109 La perseverancia de las mujeres para acceder a tierras en Chiara relata la extrema violencia vivida por la comunidad en la época semifeudal y del poder político del hacendado; esos hechos se destacan en la memoria a pesar de que posteriormente a ellos la comunidad vivió además la época de la violencia armada.

“Por eso nos íbamos a las haciendas vecinas a pedir trabajo. Pero los patrones hacían lo que querían con nosotras. No había suficiente tierra para cultivar y no sabíamos cómo sembrar, por eso dependíamos de los hacendados”, señala Dionisia Zevallos de 85 años, rememorando la época anterior a la reforma agraria de 1969.

En Colombia sucede lo mismo. La tierra es un elemento en disputa, pero en en manos del terrateniente. Así lo testimonia el Caso 18 Cabildo indígena Pijao, Comunidad de Guayaquil, aunque no describe un caso de desplazamiento forzado:

Con la posesión de los Zambrano (militar en retiro) en estas tierras, comenzaron las relaciones serviles, pues la familia Zambrano entregaba tierras a los comuneros de Guayaquil en aparcería, para que las trabajaran y les entregaran una buena parte de la producción, y les hacía firmar un documento donde constaba que las tierras eran entregadas en calidad de arriendo, para evitar que reclamaran la propiedad de ellas, así sucedió hasta que la comunidad se comenzó a dar cuenta de que las tierras en realidad eran suyas y debían reclamar su propiedad, fue así que la Comunidad de Guayaquil poco a poco se fue reorganizando durante los años 80 para  para defender su territorio y hacer valer sus derechos.

La carencia de tierras y de trabajo, la incertidumbre para garantizar la reproducción diaria de la familia, son aspectos propios de la violencia estructural sobre los amplios sectores campesinos e indígenas.

El desplazamiento forzado

El conflicto armado aparece como un elemento que supera con creces cualquier nivel de violencia aplicado con anterioridad. Ese enfrentamiento entre fuerzas armadas legales e ilegales derivó en el desplazamiento de poblaciones enteras, principalmente de áreas rurales, en busca de su supervivencia. Es solo cuando aparece la violencia armada entre grupos antagónicos que los campesinos quedan atrapados entre dos fuegos, o que en menor medida optan por apoyar a alguno de los sectores enfrentados.

El caso 65 Memoria y reconstitución de la Comunidad Campesina Viscatámpata-Orccohuasi, en Huanta, Ayacucho, es un ejemplo de desplazamiento forzado con el abandono casi total de la comunidad hasta la finalización de la guerra interna. Este hecho ha sido relatado incluso por la Comisión de la Verdad en su informe final.

El abandono de la tierra supone un cambio en los recursos para garantizar la sobrevivencia, además del impacto en los aspectos sociales, culturales y políticos sobre la comunidad y sobre las nuevas áreas de asentamiento, hecho documentado por varias investigaciones. La eliminación abrupta de estos recursos pone a los pobladores ante la desestructuración de su vida en la comunidad, al verse obligados a insertarse en un territorio ajeno y debilitar sus redes sociales.

El caso 23 Resguardo Indígena Pijao de Palma Alta, referido a Colombia, refleja los niveles de violencia directa aplicada contra un pueblo indígena sin necesariamente estar enmarcado en el enfrentamiento entre el Estado y un grupo armado, sino con la sola presencia de fuerzas paramilitares vinculadas a los terratenientes.

En 2001 se registró en la finca Gualanday de Corinto, una masacre por parte de paramilitares. La guardia indígena había detenido a cuatro delincuentes que asaltaban a indígenas desprevenidos en el camino hacia las veredas y al cabo de unos días catorce personas fueron asesinadas arbitrariamente como revancha mientras bajaban en la chiva colectiva (…).

En el Caso 14 de Corregimiento de Guaimaro, Colombia, es un ejemplo de que el acaparamiento de tierras se hizo con un uso de fuerzas que encontró en desventaja a los campesinos. Unas 300 familias se vieron en un desplazamiento forzado a causa del paramilitarismo (no había presencia de guerrilla en la zona) cuyos miembros, se supo posteriormente, “actuaban en complicidad con los grandes propietarios y con la élite política municipal y departamental”.

La guerra interna es un pretexto o un mecanismo utilizado por los grupos de poder local o nacional para acaparar más tierras (CNMH, 2015). Sobre la base del análisis de la situación de la población del Tibú, en el Catatumbo, donde hubo verdaderas masacres, la CNMH plantea: “La huida forzada de la población, particularmente rural, también se debe a intereses políticos y económicos legales e ilegales vinculados a conflictos por la tierra y los recursos naturales, lo que refleja un carácter rentista en el desplazamiento y su funcionalidad para perpetuar un sector rural concentrado, inequitativo, excluyente e improductivo” (CNMH, 2015b:18).

El retorno

En el caso 65 de Viscatámpata, la comunidad no ha vuelto a ser la misma. Los pobladores desarrollan su vida al lado de un cuartel de las Fuerzas Armadas y han adoptado una vigilancia militarizada en su cotidiano. En esta región, los pobladores abandonaron sus tierras por más de una década y el retorno sucedió al finalizar los años 90 con el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) (CVR, 2003). 

En otros casos el desplazamiento y retorno se alternan en el tiempo sin que ninguna política pública pueda garantizar la permanencia de esa población en un solo lugar o en su propia tierra. El Caso 73 Consejo comunitario de Alsacia: Lucha constante por la permanencia y defensa del territorio, en Colombia, refleja ese ir y venir de una población:

Mayores de la Alsacia cuentan que la población local ha tenido que enfrentarse a varios desplazamientos. El primero, cuando llegan las dragas, en la época de la “fiebre del oro”, el segundo, cuando se hace el llenado de la represa La Salvajina, el tercero, a fines del año 2000 cuando debido a la arremetida paramilitar tuvieron que abandonar la zona durante casi dos meses. En el año 2013 también se presentó una situación de confinamiento de la población, al quedar en medio del fuego cruzado entre el ejército y las FARC 

En Colombia el retorno tiene sus complicaciones. En el departamento del Cesar, se identificó una tendencia: “campesinos desplazados por guerrillas y paramilitares intentan que les devuelvan sus tierras, pero se encuentran con que hoy están en manos de socios y cómplices de los paramilitares, terratenientes, ganaderos y compañías mineras” (CNMH, 2016:13). En el retorno se encuentran también con políticas públicas para solicitar tierras antiguas o nuevas. El problema es que la pesada burocracia, la ineficiencia administrativa y los intereses políticos de los grupos de poder permanecen activos para poner trabas a las solicitudes de los campesinos sin tierra. En el caso 3 San Julián del Caquetá, cuyos protagonistas son familias llegadas desde distintos lugares, los campesinos se adjudican tierras que tienen otros ocupantes e inician el burocrático e incierto proceso de la titulación.

En el Perú, un balance de las políticas de retorno ha develado que el PAR (Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de las Zonas de Emergencia) tuvo un punto de partida erróneo para aplicar sus políticas de retorno (MND-SEPIA, 2006). El retorno sólo se inició en el Perú desde los propios pobladores en 1993 cuando la guerra interna había ingresado a una fase menos agresiva, casi cesando los enfrentamientos. Los que regresaron, particularmente los que se habían desplazado cerca de su tierra nativa, lo hicieron apoyados en la comunidad, antes que en políticas desarrolladas por los gobiernos locales o el gobierno nacional.

Nuevo momento, persiste la violencia

Un conflicto latente como el que vive la familia de Máxima Acuña, en Cajamarca, Perú, es el ejemplo de la situación actual de nuevos actores y un nuevo ejercicio de violencia en las zonas campesinas o territorios indígenas. Los terratenientes, aunque siguen presentes en ciertos sectores del territorio, fueron sustituidos por las empresas capitalistas o multinacionales que tienen el interés de desarrollar actividades mineras, hidrocarburíferas, agroindustriales, turísticas, entre otras.

El desalojo, el desalojo forzoso y la usurpación de tierras se identifican como resultados de las acciones de la empresa capitalista extractiva para ganar territorio a los campesinos lugareños o a los pueblos indígenas. Generalmente las comunidades locales actúan a la defensiva, utilizando mecanismos legales otorgados por el propio Estado (consulta previa, demandas de propiedad), organizando internamente sus fortalezas (creando asociaciones, sindicatos), aglutinando la solidaridad de voluntarios activistas nacionales y extranjeros y de organizaciones no gubernamentales o enfrentando directamente a los actores con poder mediante marchas, bloqueos y otro tipo de resistencia. 

Los casos del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio han registrado estos nuevos actores y amenazas en el marco del acceso a la tierra. Generalmente los nuevos actores tienen intereses en la actividad extractiva, pero no llegan solos, ingresan en el territorio con respaldo del Estado a través del gobierno nacional y/o los gobiernos locales. 

Incluso poblaciones que no fueron afectadas con enfrentamientos armados son ahora amenazadas por la presencia de proyectos capitalistas, en algunos casos en alianza misma con el Estado. El caso 118 Reserva Comunitaria de Junín, que no incorpora un hecho de violencia armada o desplazamiento, relata la situación en la zona del Íntag en Ecuador, donde los pobladores lograron dos veces la salida de multinacionales (Bishi Metals y Ascendant Corporation) de su territorio. Sin embargo, actualmente el Estado ecuatoriano, en alianza con Codelco chilena, ha irrumpido en la reserva comunitaria con el objetivo de desarrollar la explotación de cobre y depositando su maquiaria dentro de la cabaña destinada al mirador turístico de la comunidad.

A modo de conclusión

 Ante la violencia ejercida en la disputa por la tierra, ésta es respondida con distintas estrategias por los pueblos afectados. Este proceso de reponerse, rearmarse y reconstituirse se hace sobre las propias fuerzas de las familias o de las comunidades desplazadas, casi sin ninguna ayuda de instituciones estatales. Es más, los mecanismos legales creados para restituir la tierra a los afectados suelen no funcionar o suelen contener demasiadas trabas burocráticas, lo que finalmente expresa una política implícita de posponer indefinidamente el retorno a la tierra.

Sin embargo también es posible ver procesos en los que las comunidades actúan utilizando mecanismos legales otorgados por el propio Estado (demadas de consulta previa, demandas de propiedad), generando organizaciones propias para fortalecerse, buscando aliados externos (activistas, organizaciones no gubernamentales, empresas pequeñas), emigrando temporalmente una parte de la familia para fortalecer a los parientes en la comunidad de origen, enfrentando directamente a los actores mediante marchas, bloqueos y otro tipo de resistencia o tomando la tierra de hecho por la fuerza. 

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Argumentos para fortalecer la propiedad colectiva de la tierra en Sudamérica

Juan Pablo Chumacero R.

Economista, con especialización en estudios latinoamericanos. Ha trabajado durante 14 años en la Fundación TIERRA, siendo su Director Ejecutivo entre 2012 y 2014. Actualmente trabaja como investigador en el IPDRS.

El agronegocio, extractivismo minero, hidrocarburífero y forestal atañan cada día a sectores vulnerables en Sudamérica, las comunidades indígenas y campesinos sufren violentamente sus cambios y políticas estatales. El documento reflexiona y nos ayuda a comprender a un continente donde la propiedad colectiva está siempre en juego y con ella los derechos de sus habitantes. Los resultados de un foro debate facilitado por Juan Pablo Chumacero invitan, en el presente documento, a seguir gestionando debates y encuentros hacia un territorio igualitario y en armonía con el medio ambiente.  

En el último tiempo se ha podido evidenciar toda una dinámica a nivel mundial desde ONG, centros de investigación, activistas, universidades, colectivos y claramente organizaciones campesinas e indígenas que plantea todo un esfuerzo global para defender la propiedad colectiva de la tierra desde sus distintas dimensiones ante las presiones y amenazas provenientes del agronegocio y del extractivismo minero, hidrocarburífero y forestal más depredador que ha visto la historia humana.

En esta línea, durante el mes de noviembre de 2016, el IPDRS y el Land Portal, interesados por profundizar la reflexión en torno a este tema, llevaron adelante un debate en línea denominado Propiedad colectiva de la tierra en Sudamérica: desafíos y perspectivas. En este artículo se sintetiza una parte de este debate, puntualmente, aquella referida a los principales argumentos para apoyar y fortalecer los derechos propietarios sobre la tierra bajo regímenes colectivos.

En una primera instancia, es conveniente comprender que en Sudamérica la propiedad colectiva de la tierra tiene al menos dos grandes dimensiones a partir de las cuales es conveniente realizar el análisis. La primera tiene que ver con la tierra desde su dimensión propiamente agraria, en la cual se analizan situaciones relacionadas con los derechos propietarios de la colectividad y su relación con los derechos de los integrantes de la misma (familias, mujeres, jóvenes), los usos que se le dan a la tierra, los derechos a gozar y disponer de la misma, las posibilidades en términos de la producción (escala) y la organización de la producción, etc.

La otra dimensión de la tenencia colectiva de la tierra se basa en la estructura agraria establecida por la primera, pero también tienen involucrados derechos de los pueblos indígenas, específicamente la existencia y reconocimiento de territorios indígenas, Al tratarse no sólo de una propiedad colectiva, sino de un territorio indígena, otros derechos son reconocidos, como el del autogobierno, la libre determinación, el del uso a los recursos naturales en el territorio, el de la consulta previa, libre e informada,

En este marco, tal como asevera en el debate Sergio Coronado (abogado agrarista y subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP en Colombia), tradicionalmente los derechos colectivos a la tierra han sido reconocidos como parte de derechos especiales de grupos y pueblos históricamente excluidos de los procesos políticos en las diferentes sociedades; y en este sentido son derechos que superan un principio normativo de universalidad porque se acepta la diferenciación cultural como base para establecer sistemas de protección de derechos especiales, en este caso, el de la propiedad colectiva de la tierra y del territorio. Es más, sobre esta base legal, como bien afirma Fernando Heredia (sociólogo boliviano, especialista en derechos indígenas y desarrollo) la propiedad colectiva sobre el territorio constituye el espacio de construcción de paradigmas de vida y procesos de autodeterminación indígena que son fundamentales en la agenda de los movimientos indígenas sudamericanos. Un claro ejemplo de ello es todo el desarrollo normativo y de política pública en países como Bolivia, con las Tierras Comunitarias de Origen, ahora llamadas Territorios Indígena Originario Campesinos, lo que se tiene en Colombia con los Resguardos indígenas o formas similares en algunos otros países.

Sin embargo, Coronado sostiene que esta manera de plantear el establecimiento de derechos puede conllevar situaciones de discriminación cuando existen otros grupos poblacionales que reclaman un derecho similar y no lo reciben por no contar con el elemento constitutivo de orden cultural esencial, como es el caso de campesinos, y afro descendientes por ejemplo; y en estas circunstancias, el debate hacia derechos colectivos sobre la tierra y el territorio está siendo dirigido a una dimensión más política, que incluye a campesinos y afro descendientes, y que se sostiene  como estrategia de defensa de los territorios ante amenazas externas modernas como el agronegocio, el extractivismo, y la violencia rural. Esto no quita empero, que estos planteamientos políticos no usen estratégicamente las legislaciones ya existentes, lo que ha llevado a “procesos tardíos de etnización” y defensa del territorio en situaciones donde el elemento cultural étnico no es determinante, que es justamente lo que se ha visto en Colombia donde comunidades campesinas amenazadas por procesos mineros extractivos han comenzado a demandar reconocimiento a su condición ancestral y por consiguiente, a su territorio, para defenderse de las amenazas, reinterpretando la norma establecida. Algo similar puede decirse de Bolivia, donde el sector campesino en determinadas regiones definió autodenominarse como indígena originario, para así poder titular sus comunidades y territorios ancestrales, ya que ese derecho, en un inicio, sólo estaba pensado para pueblos indígenas minoritarios.

Volviendo a los argumentos, de manera complementaria, Alejandro Diez (antropólogo, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú) propone adicionalmente cinco razones por la que la propiedad colectiva de la tierra debiera ser considerada para pensar en el futuro de las sociedades rurales y urbanas de la región y en esos términos, plantea argumentos de orden más económico: 1) Como la tierra es un bien de carácter social, mientras mayor población disfrute de ella, mejor y en esa perspectiva de equidad y de redistribución, la propiedad colectiva es la que más oportunidad tiene para lograrlo. 2) En un mundo cada vez más exigente, las economías a escala son más necesarias y la propiedad colectiva puede brindar las condiciones de asociación, cooperación y uso de recursos compartidos como para permitir la sobrevivencia de la producción agrícola familiar en dicho escenario. 3) Existen varias prácticas de uso de la tierra, como la ganadería extensiva y el manejo de bosques, que se facilitan en esquemas colectivos de propiedad. 4) Las prácticas de gestión y de conservación de la tierra y los recursos naturales pueden ser encauzadas de mejor manera desde sistemas colectivos, estableciendo límites a la sobre explotación individual. 5) Las acciones colectivas son más efectivas cuando es preciso defender la tierra ante amenazas externas y de terceros.

En la misma línea, se citan ideas de Elinor Ostrom, en el sentido de que existe una tendencia a considerar a los sistemas colectivos de manejo de la tierra y los recursos naturales porque permiten establecer de manera más apropiada los marcos de uso de los recursos; y son más legítimos que el Estado o el mercado a la hora de establecer sanciones, normativas y regulaciones sobre la tierra y el territorio, por lo que permiten garantizar de manera más adecuada su sostenibilidad.

Sin embargo, ninguno de estos argumentos de orden político, económico o relacionado con la sostenibilidad ha logrado incrustarse de manera contundente en las legislaciones nacionales y subnacionales, por lo que los procesos de lucha y defensa de la propiedad colectiva siguen valiéndose de elementos de orden cultural.

Ante esta perspectiva, Lucy Avilés (especialista en desarrollo rural, Bolivia) advierte que ejes temáticos tradicionalmente articulados a los discursos y acciones marginales de algunos sectores, como la agricultura sostenible y la agroecología, ahora han pasado a ser parte estratégica del debate global sobre hambre y desnutrición, incluyendo a organismos internacionales como la FAO, UNCCD y otros, y esto se sostiene en buena parte porque estos conceptos pueden ser articulados con los planteamientos políticos, culturales y económicos que se emplean para sostener la tenencia colectiva de la tierra desde dimensiones como la solidaridad comunitaria y la participación.

En ese sentido, a lo planteado anteriormente en términos políticos y culturales, se debe añadir argumentos muy prácticos y urgentes que se plantean en el marco internacional del debate y que tienen que ver con acuerdos gubernamentales para lograr metas relacionadas con la reducción de tierras desertificadas, procesos de adaptación al cambio climático, reducción del hambre, fin de la pobreza, y otros donde la sostenibilidad de la tierra, y todo lo que tiene en ella (agua, bosques, otros recursos) es fundamental. Y es que como dice Stalin Herrera (sociólogo, especialista agrario, Ecuador), los regímenes de gestión colectiva de la tierra no sólo abarcan lo agrario, sino que también están migrando e incluyendo otras formas de gestión relacionadas con el riego, con las vías, con los gobiernos locales, por lo que es importante repensar los sujetos de la propiedad colectiva.

En consecuencia, se puede concluir, como lo hace Lucy Avilés, que más allá de pensar en una sola razón, una sola línea de pensamiento o una sola relación entre actores y sujetos, la defensa de la propiedad de la tierra colectiva en sus distintas dimensiones (tierra, territorio) requiere una estrategia multidimensional, que se encare desde distintos lugares simultáneamente, que contenga una diversidad de actores y sujetos articulados (urbanos, rurales, formales, informales) que permitan constituir una masa crítica que permita que la defensa de propiedad colectiva agraria no sea considerada como un fin en sí mismo, o como una demanda de un grupo específico de población, sino que sea vista como un elemento esencial para el futuro del desarrollo del mundo.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

La Paz, Bolivia

15 de noviembre del 2016

Legalidad o legitimidad y el por qué aun no ejercemos soberanía en las compras públicas de alimentos

Geovana Mercado

Agrónoma con mención en Agroecología y Desarrollo Sostenible. Maestría en Agronegocios, CIDES- UMSA. Doctorante en Socio-economía en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Copenhague. Investigadora en el Proyecto LATINCROP-UMSA. Ha sido consultora para la FAO. Tiene publicaciones sobre políticas de compras públicas de alimentos e inclusión de los cultivos andinos (quinua y tarwi) en el desayuno escolar.

Hablar de soberanía alimentaria en nuestro país, no sólo requiere de procesos institucionales, legislativos e incluso corporativos. Requiere también enfrentar realidades, discutir posibles razones de viabilidad, legitimidad y alcance que tienen la demanda y oferta alimentaria local desde “personas de a pie”.  Ante esta necesidad, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), a través del área de Interaprendizaje se ha querido acercar, en teoría práctica diaria,  a generar reflexiones y resultados del curso “Compras públicas para la Soberanía Alimentaria en Bolivia” donde se ven expuestas,  a través de este documento, cuestionamientos de legalidad- legitimidad de la compra local boliviana, las prácticas de consumo y  estándares de certificación de un producto; y el contraste legislativo y práctico entre las facilidades y limitaciones de la inocuidad alimentaria. Esperamos que documentos y propuestas como las que hizo Geovana Mercado, confluyan en otros más.

Lo legal y su historia

Actualmente en nuestro país las normativas relacionadas a la compra pública han atravesado un largo proceso de transformación, con el objetivo de permitir que el Estado ejerza soberanía alimentaria al comprar productos locales o regionales para sus programas de alimentación pública.  La actual normativa es el resultado de un largo proceso de cambios y ajustes que se vienen dando desde el año 1997. A través de los años y diferentes gobiernos de turno, se realizaron varios Diálogos Nacionales, conformaron comités de productores y se presentaron demandas y propuestas para lograr que el potencial mercado de las compras públicas se convierta en un mercado inclusivo hacia la producción nacional, pequeños oferentes y productos locales.

Este proceso dio como resultado la promulgación de diferentes decretos (por ejemplo, el D.S. Nº 27040), que incluso llegaron a detonar la crisis del año 2003, “la guerra del gas”. Después de esta crisis, se intentó reconocer los avances y tratados con las organizaciones de pequeños productores y se convocó a un Tercer Diálogo Nacional, Bolivia productiva, concluyendo con la anulación del polémico Decreto 27040 y la aprobación de uno nuevo (DS 27328) denominado Compro Boliviano; priorizando la producción nacional en las compras públicas hasta 8 millones de bolivianos y estableciendo preferencia para las micro y pequeñas empresas en las compras del Estado hasta un millón de bolivianos. Los pequeños productores, tanto rurales como urbanos, agrícolas, mineros y artesanos, continuaron con los procesos de negociación hasta lograr, en la Nueva Constitución Política del Estado aprobada en 2009, que se establezcan claramente las preferencias y apoyo del que deben gozar, incluyendo especificaciones que hacen referencia a las obligaciones del Estado Plurinacional, en sus niveles central, departamental y municipal para proteger y promover a dichos actores y sus productos.

Los supuestos beneficios de favorecer las compras locales de alimentos

Además de promover la soberanía alimentaria favoreciendo los sistemas productivos locales a través del poder de compra del Estado, la compra local de alimentos, especialmente en las áreas rurales, generaría varios círculos virtuosos, bajo los siguientes supuestos:

1) Al promover el consumo de productos locales, se promovería el desarrollo local mediante la creación de una demanda predecible y sostenida en el tiempo, que priorice la vocación productiva local.

2) Esta demanda, al ser mediada por contratos de corto, mediano o largo plazo; reduciría los costos de transacción y riesgos inherentes a los procesos de comercialización en mercados informales.

3) Considerando que la provisión es local, también se supone, se reducirían los costos de transporte, conservación y logística de distribución de los productos.

4) Paralelamente se lograría influir en los hábitos alimenticios de niños y niñas, (principales recipientes de programas tales como la alimentación complementaria escolar) y a través de ellos, a la población en general, reeducando el gusto por productos locales de alto valor nutricional.

5) Incremento de la demanda y mejora de sus sistemas productivos.

6)La compra local de alimentos también tendría el potencial de constituirse en un dispositivo de entrenamiento para que los pequeños productores rurales, al proveer a un mercado formal, logren paulatinamente acomodarse a las exigencias de otros mercados aún más exigentes, fortaleciendo sus asociaciones y agregando mayor valor a sus productos.

La situación actual

Pese a que el ámbito normativo boliviano tiene variadas leyes, decretos y políticas diseñadas con el objetivo de facilitar la inclusión de pequeños productores en mejores mercados, especialmente en municipios rurales y de menor población, la inclusión real en las compras públicas de alimentos a través de estos años es mínima. Los posibles efectos multiplicadores no se aprecian a nivel local, lo cual repercute a nivel nacional; por ejemplo, un estudio realizado por la ONG Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, indica que la participación de los pequeños productores en las compras públicas fue solamente del 3.5%, en el 2011.

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS),  ha realizado un curso virtual titulado “Compras públicas para la Soberanía Alimentaria en Bolivia”, con el objetivo de promover la reflexión sobre este tema y además proveer herramientas conceptuales y metodológicas para ejercer compras locales. El curso conto con 53 participantes de diferentes instituciones destacando la participación de funcionarios municipales, ONG´s de desarrollo, estudiantes universitarios y productores rurales. A través del curso se solicitó a los participantes visitar algún programa de compras públicas cercano a su residencia, para observar que tipo de productos estaban siendo demandados por las instituciones públicas. Se reportó que la gran mayoría de productos que se requieren son de tipo procesado (yogurt, pan, leche chocolatada o galletas, con excepción de algunas frutas que en su mayoría serian bananas o manzanas).

Realizando una comparación y discusión de los datos obtenidos, la reflexión del curso apunta a que los enfoques que guían las compras públicas de alimentos, reflejados en la exigencia de productos procesados con características muchas veces ajenas o muy lejanas a la realidad del área rural y de los y las pequeñas productoras, sería una de las principales razones para que las compras públicas de alimentos no se realicen de forma local. Si bien ciertos requisitos administrativos tales como la exigencia de la presentación de NIT o personería jurídica se han flexibilizado, el tipo de alimentos demandados en la mayoría de los casos no correspondería a productos típicos de la alimentación campesina local y por ende existiría un desencuentro entre la demanda y la vocación productiva local.

En nuestra Constitución y la normativa vigente, el Estado plantea un enfoque de seguridad alimentaria con soberanía para todas sus compras, además de la amplia inclusión y promoción de pequeños productores y productoras; asumiendo que los compradores públicos están en la obligación de realizar las compras siguiendo este enfoque. Sin embargo la débil inclusión de los pequeños productores en la actualidad debería llevarnos a analizar si es que existe un cierto sesgo hacia la pequeña producción en el mercado de las compras estatales. ¿Por qué pese a que su inclusión es normada por ley, y las ventajas potenciales que ofrece la compra local de alimentos para programas públicos, los pequeños productores aún se constituyen en actores periféricos en este mercado? ¿Cuáles son las principales razones que llevan a su exclusión?

¿Qué ocurre cuando el municipio sí demanda productos locales?: de alimentos legítimos a ilegales

Aun cuando la demanda es dirigida a productos locales, y existe voluntad política en algún municipio para favorecer la compra local, los alimentos deben sufrir un proceso de transformación no solo artesanal o industrial, sino también simbólico, los alimentos deben ser “certificados”. Alimentos típicos de consumo en los hogares campesinos, tales como mote o charque no pueden ser ofrecidos por falta de certificación. Es así que los programas de compras públicas de alimentos en las zonas rurales se convierten en sitios de recodificación y re-categorización de los alimentos locales, dando como resultado una amplia diferenciación entre productos “certificados” que sí son aptos para su compra y consumo público y otros que, por carecer de las certificaciones de ley no pueden ser comprados ni consumidos a través de estos programas. Debido a esto, alimentos legítimos que aún se consumen en los hogares rurales al intentar ser introducidos a la compra pública pasan a ser ilegales y no aptos para el consumo en la escuela.

Si bien el tipo de certificación de los productos alimentarios que se requiere persigue el objetivo legítimo de asegurar la inocuidad alimentaria, presenta a su vez, procedimientos sesgados que favorecen a la gran producción industrial de alimentos, que sí cuenta con los recursos y la flexibilidad para adaptarse a las diferentes exigencias de certificación. Este sesgo automáticamente expulsa o desincentiva a los pequeños productores a participar en los procesos de contratación de proveedores por considerar este mercado un “mercado complicado” o demasiado exigente.

Desencuentro entre la demanda y la oferta en el ámbito local

Un estudio de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) realizado en el 2008, determino las principales razones por las cuales los municipios consideraban que no lograban realizar compras locales: Para el 43%, la principal razón era la falta de capacidad de los pequeños productores para hacer frente a requisitos tales como volúmenes de producción, calidad y variedad de productos que satisfagan la demanda municipal; el 22% señalaba como principal obstáculo la falta de formalidad de los pequeños productores.

Otras razones fueron: la falta de oferta productiva en la zona (19%), el hecho de haber licitado sus compras con otras empresas (16%) y la falta de interés por parte de los productores locales (3,3%). Las razones mencionadas por los operadores municipales centraban su atención en la oferta, transfiriendo la responsabilidad de acceder a este mercado directamente a los productores; esto entraría en contradicción con los enfoques inclusivos, de promoción y apoyo que según la normativa deberían regir las compras públicas de alimentos. El desencuentro entre la demanda realizada por los gobiernos municipales y la oferta productiva, explicaría el por qué en el estudio de la FAM; el 43% consideraba que la producción local no podía cubrir los volúmenes demandados, si se demandan productos lejanos a la vocación productiva local, el resultado más obvio es que no se encuentren proveedores locales con la capacidad para proveer los productos demandados.

Sobre legitimidad

Cuando los Gobiernos Municipales se proponen favorecer a los proveedores locales a través de la realización de compras preferenciales, se encuentran frente a contradicciones entre la normativa, la soberanía alimentaria y la normativa que intenta asegurar la inocuidad alimentaria y calidad de los alimentos a través de procesos de certificación. Debido a esto muchos gobiernos locales se embarcan en acciones ilegales pero legítimas ante la población local, por ejemplo: la no exigencia del registro sanitario y el uso de certificados no correspondientes al producto entre otras. Este accionar como otros tantos que bordean la ilegalidad, no otorga ningún tipo de sostenibilidad a las compras locales, puesto que se construye en base a la voluntad política de actores que en muchos casos, transitan los gobiernos municipales de forma temporal, no permite la construcción ni fortalecimiento de aprendizajes y conduce a un acceso inestable, condicionado muchas veces a la presión o lobby político que los mismos productores puedan ejercer.

¿Podría la legalidad ser más legítima?

Ante este panorama nos encontramos frente a un obstáculo infranqueable para la gran mayoría de los productores rurales de alimentos, si bien poseen muchas capacidades productivas en su mayoría no poseen las capacidades exigidas por los procesos de certificación de inocuidad alimentaria (acceso a agua potable, o energía eléctrica constante para garantizar ciertos procesos relacionados con la conservación de algunos alimentos); en otros casos, las ventas locales son demasiado pequeñas para justificar la inversión en infraestructura productiva (plantas de procesamiento con características de uso exclusivo).

Debido a esto, urge pensar en el replanteamiento de los procesos de certificación en los ámbitos rurales, para que dejen de convertirse en barreras de acceso a mejores mercados para pequeñas productoras rurales. Así mismo, urge fortalecer las capacidades de gestión de los operadores municipales, que suelen cerrar las puertas a la compra local debido al desconocimiento de la normativa y los procedimientos existentes. La Constitución Política de Estado y la normativa vigente ofrecen un sinnúmero de mandatos y de posibilidades para que los gobiernos municipales puedan cumplir el rol de promover el desarrollo económico y asegurar el bienestar de su población.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Este trabajo mereció el primer lugar en la categoría Artículos del Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda, que convocan anualmente el IPDRS y sus aliados. El autor, un joven investigador argentino de 28 años, describe y analiza el proceso de trabajo agrícola de las y los migrantes bolivianos en el conurbano en la ciudad de La Plata, Argentina. A partir de esa experiencia, Bártola plantea la organización como un efectivo método de resiliencia.

En la actualidad, el cordón hortícola platense representa una de las economías regionales más importantes de la Argentina como proveedora de verduras frescas. La producción está a cargo mayoritariamente de horticultores de origen boliviano [www.consuladodebolivia.com.ar/2015/06/23/el-85…), que atravesaron distintos procesos hasta consolidarse de manera preponderante como productores en esta área geográfica.

Se puede considerar que desde la década de los años 80 se comenzaron a incrementar los flujos de migración provenientes de países vecinos como Bolivia o Paraguay, población destinada al trabajo en quintas. Pero es durante la década de los 90 que se refleja un aumento en el flujo migratorio para insertarse en el espacio periurbano del área denominada “Gran La Plata” que se corresponde con la adopción de la mediería como relación social de trabajo y la difusión del cultivo bajo cubierta. (Benencia R; Quaranta G; Alegre, S; Ahrtz, F. Organización socio-productiva de la horticultura del partido de Florencio Varela. Boletín Hortícola; Año 18 No. 52; diciembre 2014).

El arribo de estos nuevos sujetos se encontró con una situación de beneficio generada por un tipo de cambio fuertemente sobrevaluado, lo cual se sumó a la exclusión que recibieron de economías empobrecidas en sus países de origen. De esta manera, se fueron constituyendo como enclaves étnicos en distintos territorios de cinturones verdes de la Argentina. (Benencia, Roberto; Argentina: migración transnacional y economías étnicas; Publicada en TODAVÍA Nº 23. junio de 2010. http://www.revistatodavia.com.ar/todavia31/23.migraciones04.html).

La mayoría de los bolivianos llegan desde departamentos fronterizos a la Argentina, como Tarija y Potosí; arribaron a La Plata y sus alrededores a partir de la segunda mitad de la década del 90, para incorporarse como peones de cosecha en las quintas o -luego de un tiempo, asumir como- medieros de las mismas. Durante esta década el predominio en la actividad siguió siendo de los antiguos horticultores (segundas y terceras generaciones de los primeros productores, migrantes de orígenes italianos, españoles y portugueses) quienes solían ser los dueños del capital, las tierras y las herramientas, y posteriormente comenzaron a establecer un vínculo laboral generalmente informal con los trabajadores (denominado por los propios sujetos como una relación “de patrón a peón”) que los mantuvo a lo largo de la década, en posiciones marginales de la economía. (Benencia, 2010).

Ante la crisis económica, sustitución de horticultores

El período mencionado sufrió una desestructuración y reconfiguración de la composición socio productiva con el fin de la convertibilidad como eje económico, que mantenía una relación cambiaria fija entre el peso y el dólar de paridad “uno a uno”. En lugar de alejar a los trabajadores inmigrantes, esto significó su creciente inserción como productores directos. Dicho fenómeno fue posible por una suma de variables propias, como las capacidades de los bolivianos para la supervivencia, lo que les permitió ir escalando peldaños en la escalera boliviana (Benencia, R.; El concepto de movilidad social en los estudios rurales, En: Norma Giarraca (coord.) Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas. Editorial 77-95; 1999), en unidades productivas de tipo familiar, junto a otras contingencias, como el alejamiento de los antiguos productores dueños de la tierra, ya sea por falta de capital y pérdida de niveles de consumo, o por no contar con un recambio generacional al tratarse de herederos con una identidad más urbana que rural, y por la irrupción de la figura del arrendamiento como novedoso elemento de estructuración socio productiva.

A partir de la crisis económica y política de los años 2001- 2002, varias familias de bolivianos comenzaron un ascenso social al pasar de ser peones o medieros a productores directos, este fenómeno estuvo acompañado por el declive del modelo neoliberal. (García, M.; Los Minipeldaños del productor boliviano. En Boletín Hortícola. Año 14 No. 43, Diciembre de 2009).

Con la estabilidad institucional generada en el país desde 2003, los cambios políticos y económicos abrieron camino para que colectividades como las de bolivianos puedan integrarse y desarrollarse, para de esta manera ir generando una mayor visibilidad de su presencia en la actividad hortícola. A partir de este momento comenzó a aumentar el número de agricultores de origen boliviano asentados en el cordón hortícola platense: Gran La Plata, Berazategui y Florencio Varela.

Nuevos actores, viejas trayectorias: la consolidación del productor boliviano

En esta nueva etapa del cinturón hortícola platense, la predominancia de los productores bolivianos (fenómeno conocido como “bolivianización de la horticultura en la Argentina”) comienza a dejar su impronta, tanto en las estrategias de producción y comercialización, como en el ordenamiento al interior de la unidad productiva -generalmente de tipo familiar-, así como en organizaciones formales e informales que se fueron forjando.

Sin embargo, este presunto ascenso social trajo aparejada una caja de problemáticas relacionadas al valor del alquiler del suelo, la precarización del trabajo en las quintas, los costos de los insumos- a precio dólar-, la falta de políticas destinadas a las tarifas de servicios como la luz, que es un elemento indispensable para llevar adelante la producción, y los mercados de ventas de la producción donde los intermediarios inflan el precio y obtienen la mayor parte de las ganancias.

Es importante tener en cuenta que existe un proceso de diferenciación social entre los productores de nacionalidad boliviana. Hay pequeños productores que acceden a la tierra en carácter de arrendatarios, con menor capital, conforman un sistema productivo endeble, de subsistencia, frente a posibles contingencias climáticas, económicas y políticas. Y hay productores con mayores recursos y organizaciones productivas diferentes, características que les permite acumular capital. (Benencia 2014).

Por otro lado, las familias bolivianas arrastran consigo itinerarios migratorios que les permiten ir ganando experiencia y llevar a cabo prácticas en el “saber migrar” y en el “saber hacerse horticultores”. (Ciarallo, Ana María; “Se vamo’ a la de dios”. Migración y trabajo en la reproducción social de familias bolivianas hortícolas en el Alto valle del Rio negro, 1ª ed.-Córdoba: Centro de Estudios Avanzados, 2014).

Destacamos varios elementos pertenecientes a las trayectorias de vida de estos sujetos, principalmente las problemáticas y necesidades con las que se enfrentan como parte de una economía informal, lo que nos lleva a pensar en las estrategias de reproducción social a las que acuden las familias, entendiéndolas como recursos donde se generan las condiciones de vida, tanto materiales como culturales, para poder mantenerse en la estructura social, al mismo tiempo que contribuyen a la creación de nuevas prácticas y formas de ver la vida. Se trata de un proceso que paulatinamente va adquiriendo un carácter creativo y no meramente reproductivo de la vida y del trabajo.

Nuevos horizontes: Organizaciones de pequeños productores bolivianos

En el periodo que abarca del año 2004 hasta 2016 se viene registrando la participación de pequeños productores de origen boliviano en organizaciones sociales, como cooperativas y otras asociaciones del cinturón hortícola platense (Por ejemplo: Cooperativa Moto Méndez Ltda.; Cooperativa La Nueva Esperanza Ltda.; Asociación de Productores Hortícolas Independientes de la Comunidad Boliviana, etcétera). Si bien se registran algunas experiencias asociativas previas, es en este período que se acrecienta la participación de pequeños productores bolivianos en la economía regional, cuando coincidentemente comienzan a surgir con mayor fuerza las organizaciones sociales en el territorio.

Estar organizados genera condiciones propicias para establecer relaciones con el Estado y con otras instituciones del territorio, como la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Así mismo, se desarrollan relaciones entre el espacio privado y público, posibilitando instancias de participación, diálogo, visualización, asignación de recursos y oportunidades de desarrollo para el sector, además de suministrar información territorial para el diseño de políticas públicas.

Los nuevos productores comenzaron a organizarse alrededor de problemáticas comunes como los altos costos de insumos- atados a la relación peso-dólar-, las desventajas en torno a la comercialización a través de intermediarios, la condición de inestabilidad sobre el alquiler de tierras o las pérdidas materiales producidos por cuestiones climáticas.

Sin embargo, es factible hallar experiencias que van más allá de unirse bajo un fin reivindicativo -solucionar un problema determinado-, y buscan sostenerse en el tiempo desplegando sobre el territorio un desarrollo propio como agentes sociales; por ejemplo, la conformación de cooperativas, asociaciones o colonias agrícolas, la búsqueda de una producción agroecológica y el reemplazo de insumos agro-tóxicos por saberes propios de la comunidad, lo cual nos permite señalar al menos una doble función del surgimiento de las organizaciones en el cinturón hortícola platense.

Por ello, consideramos un supuesto fundamental que la organización es, en parte, una respuesta frente a las problemáticas sociales que afectan a los productores hortícolas de menor capital, pero también una instancia de creación con valores compartidos, que busca transformar la realidad social a partir de establecer nuevas lógicas populares, comunitarias o colectivas.

En esa consideración es necesario analizar en qué medida los agentes sociales, al participar colectivamente, se encuentran desplegando estrategias de reproducción social y, a partir de asentarse en el territorio, cómo buscan transformarlo por medio de las organizaciones. Interpretamos que, al organizarse, los pequeños productores se encuentran generando un modelo novedoso en el periurbano del partido de La Plata, tanto como estrategias de movilidad y asentamiento -ligadas a sus necesidades para la reproducción- y, al mismo tiempo, nuevas instancias de producción -sociales, culturales y territoriales -en el periurbano del partido de La Plata, a partir de relaciones colectivas y comunitarias que intentan forjar una nueva lógica solidaria dentro del sector.

¿Las organizaciones son el inicio de la transición a una agricultura resiliente?

Según la escala jerárquica del concepto, se puede inferir, que los países desarrollados presentan un A través de una investigación que venimos llevando a cabo y que excede los fines de este artículo, nos proponemos conocer qué importancia están teniendo las organizaciones sociales en el territorio para la reproducción social de los pequeños productores. Éstos experimentan nuevas maneras de entender la economía del periurbano del partido de La Plata, ya que plantean una alternativa a las racionalidades económicas hegemónicas.

En este punto podemos ver algunas experiencias que comenzaron a manifestarse en las organizaciones en trabajo conjunto con técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- como el Programa Cambio Rural- y extensionistas de la Universidad Nacional de La Plata, que van en sentido de generar una transición hacía la agroecología. Se busca en esta relación la generación colectiva de conocimiento entre los saberes técnicos y académicos de las instituciones y los conocimientos campesinos e indígenas de los agricultores.

Debemos tener en cuenta que para que esta transición agroecológica sea posible y no se vea reducida a experimentos en pequeñas parcelas, las experiencias deben implementarse en sistemas de bajos riesgos, minimizando las incertidumbres económicas, culturales y ambientales.

Si, como pretendemos en la hipótesis, está clara la negación al sistema productivo actual, su solución debe corresponderse con un cambio estructural que implique políticas públicas que puedan disputarle el rol preponderante que tiene el mercado, que obliga a la aplicación del paquete tecnológico en su totalidad para poder competir. Esto se construye a partir de un conocimiento acabado de las problemáticas del sector, con políticas que protejan y potencien las iniciativas que ya se vienen dando, aisladamente, en algunas quintas.

Para el cambio hacia una agricultura resiliente nos parece indispensable el rol que pueden cumplir las organizaciones de pequeños productores en lugar de productores individuales, pues sólo de manera colectiva podremos construir canales de comunicación y de acción con el sector, pudiendo resistir el embate del mercado que tiende a una agricultura de grandes productores propietarios, eficientes e individuales, acercándose a la figura del empresario, y vaciando el capital cultural que dispone la agricultura.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Mediante el presente artículo, la autora nos presenta una breve reflexión sobre la soberanía alimentaria y la Ley de Promoción de la alimentación saludable en Bolivia. Este texto realiza un análisis del contexto en el cual se desenvuelve la normativa y de los posibles resultados que tendrá a futuro. El IPDRS se complace en presentar este artículo de la serie Diálogos, de la mano de una de las capacitadoras de los cursos Interaprendizaje.

En Bolivia recientemente se ha promulgado una Ley de Promoción de Alimentación Saludable, la cual fue sujeta a análisis desde el Foro Interaprendizaje por un lapso de 22 días. Nuestra plataforma conto con la participación de diferentes actores relacionados a la temática rural y agroalimentaria. Los participantes estuvieron algo balanceados en cuestión de género: contamos con casi 40% de participación femenina. El proceso de discusión de la Ley fue interesante, sin embargo luego de concluido el foro me quedaron algunos pensamientos los cuales presento a continuación como contribución al proceso de reflexión y el debate acerca de la alimentación saludable y el tema agroalimentario actual.

Por lo visto la alimentación en nuestro país ha dejado de ser saludable, a tal punto que existe la necesidad de promulgar una Ley para promover una mejor alimentación. Un tema que en otros tiempos, pertinencia solamente al ámbito privado. Un tema personal-familiar, de costumbres alimentarias que se arraigan en nuestro ser a través de la educación, la familia, y los lazos sociales que nos constriñen, ahora se tratara también mediante una Ley. Se propone promover la alimentación saludable frente al cambio de nuestros patrones de alimentación. Es un hecho irrefutable que la alimentación en nuestro país -y el mundo- se ha deteriorado en cuanto a la calidad, tanto respecto al tipo de materia prima que se utiliza, como a los procesos de preparación de los alimentos.

Ante esta situación es útil preguntarse sobre las razones que conducen a estos cambios. A continuación presento algunas ideas en base a experiencias personales y aprendizajes obtenidos durante mi trabajo en las áreas rurales. Estas ideas están construidas en torno a dos elementos principales que formarían parte de la multiplicidad de causas que han llevado -y continúan dirigiéndonos- hacia la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios: La devaluación de los roles asociados a la producción de alimentos y la desconexión de la producción con el consumo.

Devaluación de los roles asociados a la producción de alimentos

Una vez pregunte a alguien: ¿Por qué crees que ya no se consumen los alimentos tradicionales? Su respuesta fue: “Porque las mujeres ya no quieren cocinar, ya les da flojera, lo fácil no más quieren...” y claro, al principio me impacto el tono culposo de la respuesta, sin embargo también me llevo a preguntarme: y si esto es cierto, por qué será que las mujeres ya no quieren cocinar. ¿Los platillos tradicionales, la comida casera y saludable, en verdad llevan mucho tiempo para cocinar? Ciertamente la preparación de alimentos saludables y las tareas domésticas relacionadas a esto como ser: ir al mercado a buscar productos frescos, preparar los alimentos, mantener la limpieza de la cocina, etc., son tareas que toman mucho tiempo y requieren de técnicas y conocimientos específicos. Sin embargo, estas tareas están actualmente subvaluadas en nuestra sociedad, tanto que las mujeres optan por salir de ello y buscar otras tareas más valoradas y que incluyan remuneración. Sin embargo esta salida del hogar hacia el campo laboral no conlleva un cambio en los roles hacia adentro del hogar, las mujeres que trabajan fuera del hogar aún siguen ocupándose de las tareas domésticas y el poco tiempo que les resta la multi-actividad diaria les obligaría a “buscar lo fácil” es decir comida rápida o pre-cocida, congelada, embutidos, enlatados, algo listo para servir en la imperiosa necesidad de cumplir la dualidad de roles exigido a la mujer en una sociedad capitalista y patriarcal: hacer dinero y hacer hogar.

El simple hecho de que poco a poco la preparación de los alimentos este siendo delegada a terceros, sean estos pensiones, restaurantes de comida rápida, y hasta fabricas procesadoras, debería ser un factor muy importante a tomar en cuenta, algo así como un síntoma que nos indique y devele un problema mayor y fundamental de nuestro sistema alimentario, puesto que el tener estas opciones significa que el poder de decisión acerca del menú, sus ingredientes y modos de preparación se traslada a dichos sectores y son estos los que a la larga estructuran los mercados y por ende la producción agrícola. Así mismo, la emergencia de estos poderes también conlleva la erosión de conocimientos y habilidades para la preparación de los alimentos en la población en general, hasta que los mismos desaparecen y las dietas se vuelven monótonas y poco saludables. El consumidor al no saber preparar los platillos, no es consiente del proceso de preparación, de cuáles son los ingredientes (o que significan en las etiquetas) y por lo tanto posee menos herramientas para juzgar la calidad de los mismos.

La producción agrícola campesina: en proceso de extinción

Otra labor tan vital como el cuidado, pero también subvaluada en la actualidad: es la labor de producir alimentos. El trabajo minucioso, duro y dedicado que implica la producción de alimentos -comparable al de las mujeres al prepararlos- es cada vez menos valorizado y hasta invisibilidad ante nuestros ojos. Los sistemas de producción campesinos combinan un sinnúmero de conocimientos, transmitidos de generación en generación y sustentados por anos de observación cuidadosa y sistemática de los fenómenos climáticos y ciclos agrícolas de cada cultivo, así como su comportamiento en diferentes nichos ecológicos. Además cada cultivo lleva en sí, el trabajo de selección cuidadosa de las variedades de mejor desempeño, por su resistencia al clima, tipo suelo, rendimientos, usos y sabores realizados a través de los siglos. Por otra parte, por las condiciones del área rural, el trabajo agrícola campesino requiere de gran esfuerzo físico y largas horas, así como de puntualidad en las tareas que exige el cultivo.

Un productor de papas nativas del altiplano dijo una vez: “somos campesinos y agricultores, y eso es una profesión, que lindo seria que podríamos decirnos eso, que en nuestra cedula de identidad dijera ocupación: agricultor”

Así la profesión de agricultor campesino sigue siendo devaluada en nuestro país, que ni siquiera es considerada una profesión como tal. Esta devaluación implica que cada vez más el sueño de muchos productores campesinos sea dejar de serlo. Dejar el campo, migrar a las ciudades ellos o sus hijos, convertirse en transportistas, intermediarios u otra profesión ajena a la producción agrícola. Si a esto sumamos las muchas deficiencias en servicios de los que adolece el área rural la consideración de dejar el campo es comprensible.

Estos factores usualmente no son tomados en cuenta al momento de pensar en alimentación saludable. Generalmente el termino evoca una brillante manzana, muchas frutas y lácteos o una pirámide alimenticia muy bien balanceada. Mientras que los actores que realmente hacen o hicieron posible el acceso a alimentos saludables, poco a poco se hacen invisibles.

La desconexión de la producción con el consumo

La invisibilización de los roles tanto de quien produce como de quien prepara los alimentos nos ha llevado a un fenómeno de desconexión entre la producción y el consumo. Esta desconexión comodifica a los alimentos, ocasionando que estos pierdan su categoría como tales y se conviertan en meros artículos de consumo como podría ser un lápiz o un cuaderno. Por lo tanto, aquellos oferentes que pueden reducir sus costos de producción y ofrecer productos a precios más bajos copan cada vez mayores espacios en las alacenas de los consumidores.

Estos oferentes crean además estrategias para ser considerados más cercanos por los consumidores: la creación de “marcas” de productos alimenticios que se constituyen en garantías de calidad de los mismos. La “marca” del alimento se hace cada vez más cercana y conocida, más confiable y aquel pequeño productor o productora campesina se nos hace cada vez más lejana y nos inspira menos confianza a la hora de adquirir nuestros alimentos. También a través de la marca se infunde la sensación de un mayor bienestar en la población, a través de asociar el consumo de ciertos alimentos a ciertas clases sociales. El sistema premia la producción de alimentos baratos y de muy baja calidad, con mayores ingresos y por ende mayor estatus social que a su vez permite alcanzar mayores ingresos, en una suerte de círculo virtuoso donde solo ganan los que saben aprovechar este sistema. Sin embargo pierden aquellos que siguen las rutas alimentarias infundadas por la publicidad, en busca de estatus o identificación con la clase social publicitada. Pierden salud, pero también el componente identitario enclavado en la alimentación, los sabores que desde el vientre degustamos a través de nuestras madres, los múltiples saberes y conocimientos asociados a la  preparación de los alimentos “nuestros”, los conocimientos y saberes asociados a la producción agrícola y a las diferentes especies -gracias a la estandarización mercantil- que se van perdiendo en los recuerdos de algunos ancianos y ancianas que solamente extrañan ese sabor que les retornaría a su infancia, a sus vivencias. Estos múltiples sabores ahora son remplazados por el azúcar, el gran contenido de sal y otros aditivos que adormecen nuestros paladares.

Todo esto envuelto para llevar y con una prestigiosa marca que nos hace sentir que estamos “bien” y que el producto a consumir es saludable, confiable y hasta garantizado. Como resultado, surge la necesidad de “regular” el consumo, de que el Estado pueda -y deba- tratar de contrarrestar los efectos de esas elecciones diarias no saludables a las que nos hemos visto conducidos sin darnos cuenta, por la comodificacion de los alimentos.

Respuestas del agro campesino

Ante esta preocupante situación, existen múltiples respuestas en el nivel local, las cuales positivas o no, son creativas y diversas y obedecen a la necesidad de reproducción de los medios de vida de los y las pequeñas productoras agrícolas. A continuación describo dos tipos de respuestas que he podido observar en mi práctica profesional las cuales sin duda son algunas de las muchas que todavía resta por explorar.

• Pequeños imitadores periféricos

Ante el riesgo de desaparecer del sistema agroalimentario los pequeños productores campesinos son urgidos hacia la participación en mejores mercados. Pero para esto deben añadir mayor valor a sus productos, industrializarlos, etiquetarlos, empaquetarlos, los productores no solo deben formalizarse, sino también legalizarse, certificarse, evaluarse, individualizarse, diferenciarse y competir... es decir casi se les exige a dejar de ser “campesinos” (en lo que se podría decirse una comparación de connotación negativa hacia lo que es ser campesino) indirectamente forzando su entrada al ámbito de la producción industrial de alimentos.

De esta forma los pequeños productores agrícolas campesinos y no solo ellos, sino los múltiples expendios de comida tradicional y chatarra en las calles de las regiones urbanas, se aprestan a convertirse en pequeños imitadores periféricos del sistema dominante mundial de producción y comercialización de alimentos comodificados. Sin embargo, de inicio están destinados a permanecer en la periferia, pese a los intentos de transformación y adaptación de su producción y productos a las exigencias de los mejores mercados, precisamente por su condición de ser pequeños ante reglas y estándares diseñados para los grandes. Por ejemplo, una preocupación surgida en los análisis del Foro es cómo afectaría una Ley de alimentación saludable a los pequeños productores o procesadores. Si bien la Ley propone reglamentos novedosos como el etiquetado especifico de productos no saludables, estos indirectamente legitimaran a quienes puedan rápidamente adaptarse a estos requerimientos, es decir a quienes tiene la capacidad económica y tecnológica para hacerlo. ¿Y que pasara con los pequeños? Seguramente se verán afectados en su economía, sin embargo tendrán a imitar a las grandes empresas creando tal vez etiquetas clandestinas, poniendo afiches acerca de la alimentación saludable en sus expendios y tal vez ofreciendo una que otra fruta o verduras a gusto del cliente. Sin embargo se afectaran sus ingresos y el status de sus alimentos continuara en descenso provocando mayor desconfianza en la población quienes tenderán a consumir más alimentos de mejor calidad en términos de “marca”. Probablemente los pequeños imitadores periféricos del sistema agro alimentario-industrial terminen saliendo de la esfera de la producción y expendio de alimentos, o permanecerán desde la periferia en el expendio de alimentos “copia trucha” de las grandes empresas.

Reproducción periférica clandestina

Otra opción es mantener su pequeña producción tradicional, mantenerse en la informalidad como un proceso de resistencia silenciosa y pasiva ante los estándares impuestos por el sistema agroalimentario industrial. Por ejemplo, actualmente conviven en la producción campesina la producción de materia prima y alimentos para el mercado y la producción de alimentos para el auto consumo. Estos últimos muchas veces son producidos por el gusto específico de la familia campesina, quienes aún desean darse el gusto de consumirlos, sin embargo no tienen un valor en el mercado. En otras palabras los pequeños productores hacen uso de estrategias para mantener algunos hábitos alimenticios a través de la producción solo para su entorno cercano, de productos tradicionales valiosos que por su bajo consumo en las ciudades, han desaparecido paulatinamente de los mercados. El rescate de estos productos y el conocimiento específico asociado a su producción podría ser de gran utilidad para la humanidad, tal como es el caso de la quinua que ahora es conocida a nivel mundial. Sin embargo y paradójicamente su rescate podría llegar a significar su perdida, en términos de ceder estos productos desde el ámbito de la producción exclusiva del hogar campesino hacia el mercado, y que estos al comodificarse y hallar un valor en el mercado induzcan a la transformación del sistema productivo que en primera instancia, hizo posible su conservación y reproducción.

Sin duda no existe una sola respuesta o solución a un problema con múltiples causalidades, y ese hecho precisamente el que debe obligarnos a pensar y repensar las formas en que podemos desde nuestros platos intentar transformar nuestras realidades más cercanas. Superar la subvaluación de las labores de producción y preparación de alimentos, nos requiere romper moldes y ser muy creativos. ¿Romper el molde significa no tomar los alimentos por sentados, preguntarnos desde las ciudades, de donde proviene lo que está en nuestro plato, quien lo produjo? ¿Quién lo compro? ¿Quién lo cocino?, observar con cuidado lo que comemos, lo que compramos y donde lo compramos. Revalorizar el rol de producción también significa desde el Estado que se deben crear políticas de promoción y protección a los productos campesinos además de realzar y compensar el trabajo que realizan y su rol como proveedores de alimentos. Por otra parte revalorizar el trabajo de preparado de los alimentos conlleva otorgarle un sitial especial en las políticas públicas, en los planes educativos, re enseñar a cocinar y hasta a comer productos sanos. Y además otorgarle el tiempo necesario a la preparación de los alimentos, pues es una tarea fundamental para la sostenibilidad de la vida.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) ofrece el presente artículo que surgió de la reflexión de la temática de tierras en Argentina. La autora hace una descripción de la problemática del acceso a la tierra y las acciones concretas que el Gobierno de ese país ha realizado para cambiar esa situación. De esta forma, el presente artículo sirve como un documento descriptivo del problema de la tierra y plantea una visión crítica a la situación actual.

En las tierras de Guanacache, al noreste de la provincia de Mendoza, en el departamento de Lavalle, se erigen contra los poderosos y sus atropellos las once comunidades del Pueblo Huarpe Milcayac. Este es un pueblo que viene resistiendo hace siglos y que no ha podido ser silenciado por lo más árido del olvido.

La principal lucha, aunque no la única, de las comunidades Huarpes es por el inmediato cumplimiento de la Ley 6920, que ordena la titularización de la tierra que habitan en propiedad comunitaria.

Este territorio es portador de densas solidaridades. Está cargado de historias, sentidos e identidades que buscan la visibilidad en un Estado que pretende dejarlos en el olvido y prácticamente desconoce su existencia. Y sin embargo, allí están los hijos e hijas de Hunuc Huar, de pie resistiendo y luchando por su territorio de una forma incansable.

Derroteros geográficos y construcciones territoriales

En la actualidad, el lugar donde se asientan las comunidades Huarpes es conocido como “secano lavallino”, se da este nombre a las tierras no irrigadas del Departamento de Lavalle, (zonas que no tienen acceso al agua de riego). Abarcando el norte y el este de Lavalle, sus distritos son: San José, La Asunción, Lagunas del Rosario y San Miguel, su población es considerada por el Censo Nacional como netamente rural.

El secano, es habitualmente denominado en el ámbito local como “desierto”. Este apelativo es criticado por las pobladoras y los pobladores, quienes expresan que desierto refiere al lugar donde no habitan las personas.

En contraposición, sus habitantes prefieren nombrar el lugar como “el campo”. Pese a esto, desde el imaginario colectivo lo nombran “desierto”, dadas las características de aridez de su clima, por la escasez de agua y en cierto punto por la baja densidad poblacional. Paradójicamente, pero no fortuitamente, la zona también es conocida como Lagunas de Guanacache, o simplemente Guanacache, por estar definida hasta principios del siglo XX por formaciones lagunares, que recibían aportes de los ríos Mendoza, San Juan, y Desaguadero y de algunos arroyos como el Tulumaya.

A causa de un proceso de concentración del agua en los oasis y al quedar del reparto oficial del recurso hídrico (finales del siglo XIX) mediante la excluidas en la Ley de Aguas Mendocinas, paulatinamente las lagunas se fueron secando. En la actualidad, solo en algunos períodos discontinuos llega agua desde los cauces anteriormente mencionados.

El topónimo Guanacache en Millcayac significa “hombre que mira el agua que baja”. Este significado se ha vinculado con el hecho de que el agua bajaba, como mencionamos anteriormente, desde distintos ríos hacia las lagunas. En la actualidad, desde las propias voces de los y las habitantes de Guanacache: “hoy los huarpes seguimos mirando el agua que se queda arriba (en la zona irrigida) y no llega a nuestras tierras”. Lo que ayer fue un inmenso espejo de agua y un vergel de diversos cultivos, es hoy un paisaje árido de médanos abundantes.

El secano lavallino se ha constituido como tal en virtud de un complejo proceso de construcción del territorio que se ha jugado en la oposición oasis y desierto. Entonces, podemos visualizar la polarización existente en el territorio mendocino en dos subregiones: los oasis, por un lado, territorios beneficiarios del riego, sede de los emprendimientos productivos más dinámicos de la región y del otro, las tierras no irrigadas, de desierto o secano, alejadas de tales beneficios y concentradoras de magras densidades poblacionales y altos índices de pobreza. Históricamente, estos territorios (oasis y desierto) han participado de un mismo proceso de construcción territorial, donde los primeros se consolidaron subordinando a los segundos, extrayendo de estos recursos naturales y fuerza de trabajo.

Las relaciones entre ambos territorios han tomado diversas formas a lo largo del tiempo. Excedería los objetivos de nuestro trabajo realizar ese recorrido, pero sí podemos afirmar que siempre se ha perpetrado bajo la misma lógica extractiva, lo que ha provocado con el transcurrir del tiempo, la degradación del medio expresado en un grave proceso de desertificación y en profundas consecuencias socio-económicas.

Las organizaciones comunitarias, la lucha y resistencia

El largo itinerario por el reconocimiento formal del derecho a la tierra del Pueblo Huarpe comienza hacia finales de la década de los noventa cuando se organizan en lo que hoy conocemos como las once Comunidades Huarpes de la Provincia de Mendoza.

En Argentina, a partir de la reforma constitucional del año 1994, se produce el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas en el territorio nacional. Y es en este contexto político de reconocimiento normativo y jurídico de la diversidad cultural, que comienza el nucleamiento en “comunidades indígenas” de poblaciones consideradas “desaparecidas”. Este proceso no exceptuó a la comunidad Huarpe, cuya inscripción en el registro de comunidades indígenas se efectuó en el año 1999 y cuyas reivindicaciones territoriales desembocaron en la promulgación de la Ley provincial Nº 6920 de reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la provincia de Mendoza en el año 2001.

Las once Comunidades Huarpe han sido reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Cada una tiene un consejo y todas son agrupadas por un presidente.

Estas comunidades se emplazan en una zona caracterizada por la escasez de agua, tanto para el consumo humano como para el abrevado de animales o el riego; de difícil acceso y con conflictos permanentes por la obtención definitiva de la tierra. Allí, los principales reclamos de estas comunidades en Mendoza, son las del reconocimiento de la cultura huarpe, la demanda por la tenencia comunitaria de la tierra y por el acceso al agua.

Conocida como la Ley Huarpe, la 6920 surge del seno mismo de las comunidades a fin de dar cumplimiento al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, exigiendo al Estado Provincial que se reconozca el derecho a la tierra como pueblos preexistentes, que se restituya el territorio en que habitan y que se reconozca la identidad y cultura huarpe.

Esta ley también vino a poner sobre el tapete la existencia de un pueblo indígena en una provincia que se decía hija de inmigrantes europeos (sobre todo en las zonas irrigadas) y dónde lo huarpe era identificado como un pasado muy lejano cuyos últimos resabios habían habitado las tierras de Guanacache.

Así, la Ley Huarpe puso en cuestión la historia provincial y los saberes producidos desde la academia al evidenciar desde la materialidad misma de sus existencias que la identidad huarpe no eran una reminiscencia del pasado, sino que era presente y memoria viva. Asimismo, se afirmó que más bien, esta negación de las pertenencias indígenas formaba parte de complejos procesos de invisibilización de sus presencias y de sus derechos a lo largo de décadas.

En este sentido, la lucha del pueblo huarpe continúa, dado que no se ha hecho efectiva la expropiación de las tierras para ser entregadas en propiedad comunitaria, pero la resistencia y organización  también sigue porque las comunidades saben que su lucha no es solo por la tierra, sino por una forma de vida que ha sido históricamente contraría a la de los estados nacionales, a la de los intereses coloniales y capitalistas, dicen en “el campo” quizás parafraseando a Zapata que la tierra es de quien la trabaja con amor, y no de quien la explota con ambición, dicen en Guanacache que la tierra es la madre (pecne tao) y que “no se puede dividir a la madre para darle un pedazo a cada hijo. No queremos un pedazo para cada uno. No queremos un título para cada uno, a la Madre no se la reparte en pedazos, la queremos entera toda para nosotros. Nosotros queremos la tierra como propiedad comunitaria porque nosotros somos Huarpe”

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.