Apuntes sobre el ejercicio de los derechos colectivos y la incursión de líderes rurales al ámbito electoral en Sudamérica

Oscar Bazoberry Chali

Ruth Bautista Durán

La nueva versión del Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica[1], presenta diez capítulos, cada uno abocado a un país de la región. Comentaremos brevemente algunos temas que resaltan en estos capítulos y, con mayor énfasis, abordaremos la temática transversal sobre partidos, agrupaciones y programas políticos respecto al ámbito rural y las reivindicaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

[1] El presente texto es la Introducción del Informe 2021 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, disponible en: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/174

1. Introducción
En el Ecuador, el sector agroexportador tiene un peso económico significativo. Después del petróleo, los productos más importantes de exportación son el banano, camarón, enlatados de pescado y cacao. Frente a la caída del precio de petróleo en los primeros meses del año 2020, durante la pandemia por COVID-19, el Estado resalta la importancia del sector agropecuario para contrarrestar la disminución de los ingresos petroleros. En consecuencia, promueve la profundización de la estrategia agroexportadora –bajo el slogan “El verdadero petróleo está en el agro”– basándose en un discurso que la legitima tanto como impulso indispensable para la economía, como aporte para la lucha contra la pobreza en sectores rurales y fuente de  desarrollo” y bienestar (Artacker 2020).

Aunque es notable la participación de la pequeña agricultura en los rubros agroexportadores, el sector también está marcado por profundas desigualdades estructurales, que en muchos casos se agravaron debido a los impactos de la pandemia (FIAN Ecuador et al. 2020). Eso levanta preguntas sobre los beneficiarios de un posible incremento de las exportaciones. ¿Se traducirán mayores ventas al exterior en ventajas y mayor bienestar para las y los pequeños agricultores involucrados en la producción de los commodities? Además, mientras el Estado hace énfasis en la importancia del sector agroexportador para salir de la crisis y estabilizar la economía, durante los primeros meses del año 2020 varios sectores exportadores, como el bananero o el florícola, declaran estar sufriendo una crisis como resultado de los cierres de fronteras, las restricciones de movilidad y las medidas de confinamiento por la pandemia.

En consecuencia, las exportadoras piden medidas a su favor para alivianar los impactos. Unos meses después, a finales del 2020, los medios celebran el buen desempeño del sector agroexportador durante todo el año.

También esto genera preguntas: ¿cómo se conectan las alertas de crisis con un real incremento de las exportaciones, en retrospectiva? ¿quiénes ganaron? El presente documento analiza cuál ha sido la actuación del sector agroexportador entre enero y noviembre del año 2020 y se pregunta por los beneficios e impactos del aumento de las exportaciones agrícolas.
Se consideran los distintos actores en la cadena productiva, se evalúa cuáles han sido los actores beneficiados, y si se registró una mejora en la situación de las y los pequeños agricultores.

El pueblo guaraní de Macharetí, experiencias y nuestros derechos durante la pandemia por el Covid-19

Cristian Yachimba Maldonado ¹
Alicia Valeria Rojas  ²

Introducción

La pandemia por el Covid-19, inicialmente parecía ser un problema de la China y Europa, pero se convirtió en un fenómeno que ha afectado la economía, el trabajo, la familia, la educación y la producción a nivel regional, nacional y mundial. En este ensayo vamos a reflexionar sobre esta crisis sanitaria desde el pueblo guaraní de Macharetí[3], Chuquisaca- Bolivia, recuperando nuestras innovaciones, estrategias para enfrentarla y poniendo en relación nuestras experiencias con los derechos indígenas y campesinos.

La experiencia más fuerte de la pandemia, además de la pérdida de vidas, ha sido la del encapsulamiento. Pasaban días, semanas y meses y muchos niños, jóvenes y adultos guaranís nos preguntábamos: ¿Cuándo acabará? ¿Qué pasará? Cuando termine, ¿qué consecuencias enfrentaremos? El problema, todavía no ha terminado, ahora, para aprender de todo lo que nos ha sucedido preguntamos: ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué derechos como nación guaraní pusimos en prácticas? ¿Cómo manejamos el problema desde nuestra cultura?

Por redes sociales, escuchamos decir que en muchos lugares los pueblos indígenas estaban muy afectados por el Covid-19. Sin embargo, como muchas fichas epidemiológicas del Covid-19 en muchos países, no brindan reportes con información sobre sexo, pueblo indígena o el perfil epidemiológico de las personas con mayor probabilidad de contagio, no podríamos medir estadísticamente esta afectación. De acuerdo al FILAC, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, para agosto del 2020, 63.000 personas indígenas estaban contagiadas por Covid-19, para septiembre el número subió a 100.000. También, esta plataforma reporta por lo menos 276 Pueblos Indígenas con casos de Covid-19 (FILAC, 2020).

En el caso de Macharetí, los casos reportados con Covid -19, hasta mayo de 2020, fueron 17, de un total de 7418 habitantes del municipio, según el Censo 2012. De éstos, 9 casos provinieron del Pozo Sipotindi X-1, de la empresa petrolera instalada en Macharetí, siendo el contagio mayormente importado y originado por la actividad petrolera estatal (CEDIB, 2020). Es decir, como nación guaraní evidenciamos que las comunidades de los pueblos indígenas originarios somos los más conscientes, quienes siempre hemos dado cumplimiento a todo lo establecido por ley, ya que nosotros mismos nos hemos auto-encapsulado para poder salvaguardar la salud de nuestros habitantes.

No conocemos muchos datos sobre fallecidos y contagiados por el Covid- 19 en toda la Asamblea del Pueblo Guaraní- APG de Bolivia[4], de acuerdo al reporte de nuestras redes y grupos de WhatsApp, escuchamos hablar de los primeros casos en la nación guaraní, recién en septiembre, en Tentayape, Muyupamapa, Chuquisaca. Allí, justo hay un campo petrolero. También, a partir de nuestras comunicaciones con los tentaras[5] de Paraguay y Argentina, también, reforzamos la importancia de distanciamiento social.

[1] Soy Mbruvicha Zonal de Educación y Salud de la Capitanía Zona Macharetí, de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia, vivo en la Comunidad de Macharetí Estación.

[2] Soy parte de Tairusu Guaraní, juventud guaraní, de la Capitanía Zona Macharetí, vivo en la Comunidad de Timboycito. 

[3] Macharetí es un municipio situado en el sur de Bolivia, sobre la Ruta 9 que va a Argentina, pertenecemos al departamento de Chuquisaca. Nuestro municipio vive del maíz, la ganadería y la apicultura, entre otras actividades, pertenece a la ecoregión chaco, caracterizado por altas temperatiras y pocas lluvias. Convivimos con la actividad petrolera estatal. La población guaraní del municipio se distribuye en dos capitanías, que es como le decimos a la organización social guaraní. La Capitanía Zona Macharetí y la Capitanía Zona Ivo. Lo que aquí contaremos es, principalmente desde la experiencia de la primera capitanía. También, en el municipio hay ganaderos no guaranís, quechuas y escasamente, algunos menonitas.

[4] La Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia es el ente que aglutina a toda la nación guaraní de Bolivia. Se integra por Capitanías departamentales, zonales y comunales, tiene una estructura que promueve la gestión del territorio integral denominada PISET, Producción, Infraestructura, Salud, Educación y Tierra Territorio. 

[5] Hermanos guaranís, en idioma guaraní.

“La agroecología es por la vida, ni la pandemia nos detiene”¹.
Estrategias de las mujeres frente a la precarización de la vida

Jazmn Goicochea Medina ²
Andrea Torres Espinoza ³

 Con mucho cariño, A las mujeres agropecuarias de los valles de Lima.

“Antes, desde donde yo vivía se veía la playa. Era muy lindo. Había mucha chacra y ganadería. Además, el agua era clarita, muy limpia y venía en cantidad. Así, recuerdo a mi valle de Lurín” (Victoria, 63 años, Lima Sur).

Las palabras de Victoria expresan la añoranza de las mujeres su territorio. El diálogo con ellas, nos acercó a su preocupación por el lugar que habitan y el trabajo al que dedican su tiempo. Y esto, se suma a nuestro interés por conocer un poco más de nuestra Lima y sus pulmones verdes, en tiempos en los que la vida corre riesgo, los bienes comunes son privatizados, los valles son depredados y el trabajo agropecuario es precario.

En la década de 1990, se impuso la aplicación de las políticas de ajuste estructural y las reformas asociadas al Consenso de Washington, a fin de resolver la grave crisis económica que venía atravesando el Perú. Estas políticas de ajuste se basaron en la eliminación de subsidios, la privatización de empresas públicas, la apertura incondicional al mercado mundial de capitales trasnacionales. Al mismo tiempo, Perú ha pasado de ser un país tradicionalmente rural y con un gran potencial agropecuario, a ser, un país predominantemente urbano a causa de los fuertes flujos migratorios que se desataron desde la década de 1960 (Matos, 1990).

En ese contexto, las políticas neoliberales produjeron la expansión del mercado residencial basado en lógicas de despojo y de especulación, que decantan en procesos fraudulentos sobre los territorios y los bienes comunes, afectando en gran medida al agro (Harvey, 2005), y así lo evidencia, el descenso de la agricultura en el PBI nacional. Según el Ministerio de Agricultura y Riego (2016), en 1950, la agricultura representaba 11 % del PBI, mientras que en el 2014 se situó en 5,3 %. Sin embargo, la pequeña producción agropecuaria pierde protagonismo ante la inversión de grandes capitales privados. En el 2012, el agro representó 12,8 % de las exportaciones[4]. En cambio, los y las pequeñas productoras agropecuarias representan 80 % de las unidades agropecuarias, con ingresos aproximados a 38 % de los hogares no agropecuarios.

En esas condiciones, en el año 2012, se estimó que 2,26 millones de peruanos se dedicaban al agro, donde las mujeres representan 30,8 %. Cabe precisar que, la participación de las mujeres se duplicó desde 1994 hasta la fecha indicada. Mientras que la participación de los hombres solo creció 14,2 %. En particular, el Censo de 2017, evidenció una mayor participación de las mujeres en el agro en Lima.

A pesar de la creciente participación de las mujeres en el agro, el neoliberalismo implica para diversos sectores sociales la pérdida de autonomía, pone en riesgo a la agricultura campesina y a los ejercicios de soberanía alimentaria. Cabe precisar, además, que el modelo neoliberal le da continuidad a la escasez de propiedad de la tierra de las mujeres, así como pone en riesgo la tenencia segura de terrenos de producción a su cargo. Esto no es nuevo, el colonialismo instaló un control social y territorial de expropiación de la tierra y de los cuerpos de las mujeres (Korol, 2016).

La emergencia producida por la pandemia del COVID-19, no impidió que el agro continúe sosteniendo la vida de la mayoría de la población del país. De todas formas, sí tuvo fuertes consecuencias en este sector económico y mucho más, en un territorio como Lima, compuesto por los valles de Chillón, Rímac y Lurín. Estos valles que han sido depredados a causa de un proceso de urbanización acelerado (Arroyo y Romero, 2019).

Frente al contexto descrito, nos proponemos profundizar en analizar las condiciones y estrategias de las mujeres pequeño productoras agropecuarias de Lima durante la pandemia del COVID-19. Para ello, hemos recuperado siete valiosos testimonios de compañeras[5] dedicadas a la producción agropecuaria en Lima, a quienes agradecemos por su apertura. Sus testimonios han sido muy sentidos e importantes para entender lo que sucede con la pequeña producción agropecuaria. Al mismo tiempo, nos hemos acercado a su trabajo a partir de la observación participante.

Nuestro análisis recupera las reflexiones desarrolladas en el marco de la nueva ruralidad. Sabemos que la dicotomía urbano-rural ha perdido vigencia y reconocemos la interdependencia entre un espacio y otro (Pérez, 2004). La nueva ruralidad, en su perspectiva latinoamericana, ubica aspectos de cambio fundamental en el territorio rural: encadenamientos urbano- rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión de servicios ambientales, las certificaciones agroambientales o “sellos verdes”, los pueblos como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y organizaciones sociales, y la diversidad ecológica-cultural como patrimonio (Rojas, 2008).

De este modo, se intenta pensar no solo en el proceso productivo agropecuario, sino en la importancia del uso respetuoso con la naturaleza, así como el surgimiento de una racionalidad diferente a las lógicas individualistas que rigen nuestros cotidianos. Todo esto implica una reflexión profunda acerca de la economía que traspasa la lectura de las relaciones patrón-asalariado, y más bien, abarca las relaciones sociales y ecológicas de aprovisionamiento, cuidado y afecto, relaciones no leídas en el marco del cálculo y la acumulación (Gago, Cielo y Gachet, 2018).

Situamos a la pequeña producción agropecuaria como parte de la trama de la economía popular, definida por Giraldo (2017), como un sector estructurado en sus dimensiones económicas, sociales y políticas, así como se encuentra articulada de forma compleja y contradictoria. Según Gago (2017), este es un concepto que pretende recuperar la potencialidad de las experiencias diversas de la economía que ponen como centralidad al trabajo vivo y no a los procesos de acumulación. Del mismo modo, se pone en evidencia su potencialidad en la reproducción de la vida y la disputa con la precarización que produce el capital. En el marco de las economías populares, surgen relaciones de solidaridad y reciprocidad, en medio de una dinámica de conflictividad. Así, logramos leer también las estrategias que se desarrollan para resistir ante la precariedad.

Desde nuestro análisis, uno de los puntos claves para profundizar en estas estrategias, es entender que las mujeres no solo viven la precarización del trabajo productivo, como consecuencia del contexto del territorio, sino también la precarización de la vida. Intentamos recuperar la precisión que realiza Federici (2018), sobre la perspectiva predominante de la economía que pone atención en las relaciones monetarias trazando una línea divisoria entre la producción y la reproducción. Esto evidencia que el capitalismo es heteropatriarcal, así como medioambientalmente destructor, colonialista y racista. Sus características tensionan los procesos de acumulación y los procesos de sostenibilidad de la vida como la reproducción social. La centralidad es la reproducción de la vida. Según Coraggio (2007), esto no supone negar la necesidad de acumular, sino más bien, establece otro tipo de unidad entre la producción (como medio) y la reproducción (como sentido).

Nuestro recorrido divide nuestro trabajo en tres partes: en primer lugar, profundizaremos en las condiciones del trabajo agropecuario en tiempos de pandemia; en segundo lugar, analizaremos las estrategias de las mujeres productoras agrarias afianzadas durante la pandemia; y finalmente, dejaremos algunas pistas para continuar con esta reflexión.

El recorrido planteado supone también una reflexión teórico-metodológica desde el Sur. Según Santos (2018)[6], se trata de la “la producción y validación de conocimientos anclados en experiencias de resistencia de los grupos sociales que sistemáticamente han sufrido la injusticia, la opresión y la destrucción causada por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado” (Santos, 2018: 28). Esto implica replantear la dicotomía conocimientos/saberes[7] y hacer el ejercicio de “identificar y valorizar lo que a menudo ni siquiera aparece como conocimiento a la luz de las epistemologías dominantes, lo que en su lugar surge como parte de las luchas de resistencia contra la opresión y contra el conocimiento que legitima esta opresión” (Santos, 2018: 29).

Esperamos que estos asuntos sean de utilidad y abran una serie de preocupaciones dedicadas a las vidas de hombres y mujeres trabajadoras agropecuarias que luchan y resisten diariamente de manera digna.

[1] Recuperado del testimonio de Ana María Palomino (65 años), pequeña productora agropecuaria de Lima Sur.

[2] Socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, activista feminista e investigadora en temas de género y territorio. Miembro del equipo técnico del Observatorio Interdisciplinario de Salud Pública y del Grupo de Trabajo CLACSO Reformas laborales en América Latina.

[3] Estudiante de décimo ciclo de la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investiga temas de género y trabajo. Miembro del Observatorio Interdisciplinario de Salud Pública y practicante de la Comunidad Andina (CAN).

[4] Las y los trabajadores de la agroindustria rigen su trabajo bajo la Ley N°27360 de promoción del sector agrario. Hoy derogada -luego de las luchas emprendidas por las y los trabajadores- por la precariedad en la que sitúa a las y los trabajadores agropecuarios, debido a que indica que deben recibir una remuneración diaria de S/.39.19 ($.10.93) que incluye gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, así como un aporte de 6% a la salud -cuando el régimen laboral indica que debe ser de 9%-, a pesar de que las enfermedades profesionales en este sector son variadas a causa del uso de agrotóxicos, el movimiento mecánico de más de 10 horas laborales sin ningún tipo de uniforme o implemento para cubrirse del sol.

[5] Cabe precisar que, en algunos casos, los nombres de las mujeres entrevistadas mencionados a lo largo de la redacción de la investigación han sido modificados a fin de respetar su deseo de anonimato.

[6] Según Santos (2018), esta reflexión no debe entender al Sur como el Sur geográfico, sino como compuesto de muchos sures que tienen en común el hecho de constituir saberes nacidos en las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. El objetivo de lo que Santos denomina Epistemologías del Sur es “posibilitar que los grupos sociales oprimidos representen al mundo como propio y en sus propios términos, pues solo así podrán cambiarlo según sus aspiraciones. (…) Las epistemologías del Sur se relacionan con los saberes que emergen de las luchas sociales y políticas y no pueden ser separados de esas luchas. Por lo tanto, no son epistemologías en el sentido convencional de la palabra. (…) Su objetivo, más bien, es identificar y valorizar lo que a menudo ni siquiera aparece como conocimiento a la luz de las epistemologías dominantes (Santos, 2018: 29).

[7] Según Santos (2018), la dicotomía saberes/conocimiento se debe a que el conocimiento se asocia a lo académico; mientras que los saberes son asociados a la población que ha sido marginada históricamente por el capitalismo global.

Entre las brechas del pasado y los retos del presente: la juventud rural frente a la pandemia de la COVID-19

Equipo YPARD Perú:
Damaris Herrera Salazar,
Alejandra Huamán,
Ricardo Vargas, A driana García,
Ana Lucía Araujo

“Lo que más falta es la ayuda económica del gobierno. Si nosotros tuviéramos esa ayuda, ese préstamo. No que nos regalen, no que nos den por dar. Sino que apuesten por nosotros, Un crédito para el agro es muy importante, y aún si son jóvenes pues tenemos que apostar por esos jóvenes, pues tenemos ideas brillantes (....) Con ese empuje, nos vamos para arriba todos, sin esperar que el abuelo o la abuela se vaya para el otro mundo” (Daisy, 36 años, Costa)

“El agro no está solo, estamos nosotros. Hay juventud que ama el campo y que quiere que el campo sea rentable. Somos la esperanza de generar aunque sea alguito para nuestros pueblos. No podremos cambiar al país, pero donde estamos creo que podemos aportar con un granito de arena (Ricardo, 21 años, Sierra)

La COVID-19 ha sido una enfermedad que trastocó nuestra vida cotidiana de múltiples maneras, generando diversas crisis: sanitarias, económicas, políticas y sociales. América Latina ha sido una de las zonas más afectadas por la pandemia: las profundas desigualdades de la región exacerbaron los efectos negativos de la misma, la cual se benefició de estructuras de protección social débiles, trabajos precarizados y sistemas de salud fragmentados (Naciones Unidas). Uno de los países más afectados en términos económicos y sanitarios ha sido el Perú, quien se enfrenta a una de las contracciones del PBI más grandes de la región (Banco Mundial 2020).

Si bien buena parte de la discusión sobre los impactos de la pandemia ha estado centrada en los efectos sobre los trabajadores informales en las ciudades, diversas encuestas independientes muestran que los territorios rurales se han visto profundamente afectados también. De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el 70% de productores agropecuarios de la región ha tenido que vender activos, utilizar ahorros o solicitar préstamos para afrontar la crisis al mes de mayo (Salazar et. al. 2020). En el Perú, el 90% de hogares rurales había disminuido la cantidad y calidad de alimentos que consume (IEP 2020). Estos escenarios prevén un incremento de la pobreza y de la inseguridad alimentaria, por lo que resulta más necesario aún poner en agenda el fortalecimiento de los derechos de los campesinos y las personas que trabajan en zonas rurales.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales señala en el artículo 2, numeral 2°, que se le debe presentar especial atención a ciertos grupos vulnerables, entre ellos, mujeres y jóvenes. En efecto, la juventud rural[1] es uno de los grupos más vulnerables ante la crisis económica y social generada por la pandemia de la COVID-19. En el Perú, esta juventud ya estaba en gran desventaja debido a la extrema precariedad de su empleo en el campo y en las ciudades (Boyd, 2017)^[2], las brechas de acceso a tierra y otros activos productivos en sus comunidades de origen (Araujo, 2020), así como a la carencia de un sistema educativo pertinente a sus necesidades y trayectorias (IEP, 2019). Como resultado de la intersección de estas desigualdades, la subsistencia de los y las jóvenes rurales suele depender de empleos eventuales y de bajas remuneraciones, y no tienen acceso a esquemas regulares de protección social. A la luz de estas condiciones, no cabe duda que “la juventud rural sufrirá desproporcionalmente ante la pandemia y sus impactos posteriores” (FAO, 2020).

El presente ensayo tiene como objetivo explorar los principales impactos de la COVID-19 en la juventud rural y sus dinámicas territoriales, haciendo especial énfasis en su impacto sobre el empleo, la economía familiar y las mujeres jóvenes. Este documento tiene como principal fuente la reflexión y la perspectiva de 29 jóvenes rurales líderes participantes del I Taller de jóvenes rurales líderes 2020 organizado por YPARD-Perú. La composición de este grupo de jóvenes fue muy diversa: en términos de género, 14 eran varones y 15 mujeres; y en términos de etnicidad, 7 eran miembros de pueblos indígenas andinos y amazónicos. El taller se desarrolló entre los meses de junio y julio de manera virtual a través de las plataformas WhatsApp y Zoom. A lo largo de éste, los y las jóvenes recibieron videos sobre cada tema abordado, los que fueron incentivo para el diálogo grupal sincrónico (a través de videollamadas) y asincrónico (a través de comentarios, fotos, audios y videos).

Queremos agradecer especialmente, a las 15 organizaciones de la sociedad civil y 6 especialistas que colaboraron con YPARD-Perú para la organización de este taller. Entre las organizacione estuvieron: la Organización nacional de mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú ONAMIAP, la Convención nacional del agro peruano - CONVEAGRO, la Federación Nativa del río Madre de Dios - FENAMAD (en representación de AIDESEP), Eclosio, el Centro Internacional de la Papa - CIP, Centro de investigación y promoción campesina - CIPCA, Solidarité Union Coopération - SUCO, Dirección académica de responsabilidad social DARS - PUCP, TRIAS Andes, Programa Horizontes de UNESCO, Slow Food en Perú, Grupo Yanapai, Fundación Hope y Asociación Pro Rural. Los y las especialistas participantes fueron: Carolina Trivelli (IEP), Chris Boyd (Universidad de Minnesota), Martín Vegas (UNESCO), Facundo Pérez (MINEDU), Melania Canales (ONAMIAP) y Pío Choque (CONVEAGRO).

Este ensayo representa el interés, esfuerzo y compromiso de más jóvenes peruanos y peruanas, urbanos y rurales, por evidenciar la gran relevancia y potencial de los territorios rurales. Esto, además, enmarcado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, visibilizando en específico, la situación de los y las jóvenes en el acceso a sus derechos a la tierra, a territorios y recursos naturales, soberanía alimentaria e igualdad de género. Además, al final del ensayo se proponer una Agenda de la Juventud Rural para ser posible esto y seguir construyendo una sociedad más justa, inclusiva y sostenible para todos y todas.

 Jóvenes participantes del I Taller de jóvenes rurales líderes

Alesban López López, Anud Illary Rojas Rodas, Brian Chuquival Mozombite, Cinthia Pamela Ticliahiahuanca Huancas, Christel Dayana Sullón Maza, Edwin Victor Anco, Carlos Frelio, Abigail Taipe Muriel, Gabriela Ninahuanca Zenteno, Gilmer Elias Ordoñez Natividad, Gladys Huaman Turpo, Hever García Cayampi, Jaqueline Chuquillanqui, Jesús Bautista Javier Espinoza, Jheison de la Cruz Cubas, Jhonn Keler Diaz Coronado, Karel Angélica Bedón Irigoyen, Kelly Lorena Patiachi Visse, Mariangela Dayana Pantoja Salguero, Mirella Livia Díaz, Miriam Daisy Yactayo Chalco, Ricardo Miguel Guillen Sánchez, Rosalía García Salvador, Segundo Rogelio Rodríguez Zumaeta, Silvana Candioti, Sonia Elizabeth Rojas Pérez.

[1] En términos estadísticos, la juventud rural es la población de entre 15 y 29 años que desarrolla su vida, principalmente, en territorios que tienen menos de 2,000 habitantes. La evidencia y teoría, no obstante, nos invitan a pensar a la juventud en términos más amplios. Primero, como etapa de transición entre la adolescencia y la adultez, caracterizada por la búsqueda y progresiva consolidación de autonomía económica, política y social. En este marco, los y las jóvenes rurales pueden atravesar esta transición a una edad mayor a los 29 años y hacerlo transitando multi-direccionalmente por una diversidad de territorios: entre sus comunidades de origen, ciudades intermedias y grandes capitales regionales. En todos los casos, el haber nacido en la ruralidad configura sus condiciones de vida, oportunidades, dinámicas sociales y formas de ver el mundo. Esta manera amplia de comprender a la juventud rural es la que adoptamos en este documento.

^[2] http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/11412

Mobilidade rural-urbana como entrave para o acesso às políticas públicas em tempos pandêmicos: o drama das mulheres rurais do Nordeste brasileiro

Lorena Lima de Moraes
Tatiane Vieira Barros
Bárbara Cristina Vieira da Silva

A pandemia de Covid-19 intensificou as desigualdades sociais que acometem o Brasil. Algumas explícitas, frequentemente veiculadas pela mídia, outras invisibilizadas e esquecidas. A realidade das comunidades tradicionais e rurais, sobretudo aquelas situadas em cidades interioranas, é ainda menos evidenciada.

A precariedade no Brasil se estabelece de forma multidimensional desde antes da pandemia, uma vez que os indivíduos não possuem condições para suprir carências básicas em relação ao acesso à saúde, à educação, à água, à terra, à seguridade social e ao mercado de trabalho. Diante dessas particularidades do mundo rural, a questão da mobilidade rural-urbana é elemento chave para se pensar as desigualdades e exclusão social, racial e étnica, uma vez que ela dificulta ou impossibilita o acesso a bens e serviços. Isso traz como consequência o desemprego, baixos rendimentos e baixas qualificações mantendo as pessoas em graves condições de vulnerabilidade social e econômica.

No que se refere ao acesso às políticas de transferência de renda, que propõem a redução das desigualdades e erradicação da pobreza crítica ou extrema, as pessoas das comunidades rurais e povos tradicionais enfrentam dificuldades para se deslocarem até os equipamentos que viabilizam essas políticas. Passou da hora de questionarmos a “normalidade” em torno das grandes distâncias e da precariedade nas condições de deslocamento como padrão de mobilidade da população rural, pobre, negra e de origem tradicional. Trata-se de povos não alcançados pelo Estado, povos que vivenciam uma violência estatal através de um imenso descaso.

Nesse sentido, temos o objetivo de colocar luz nas desigualdades sociais vivenciadas pelas populações do campo, mais notadamente as mulheres da agricultura familiar, quilombolas e de comunidades de fundo de pasto que participam de Programas de Transferência de Renda – o Bolsa Família – e que se encontraram ainda mais isoladas socialmente no período de pandemia. Mesmo com o plano de mitigação das consequências econômicas da pandemia, as mulheres rurais[1] enfrentaram dificuldades de acesso ao auxílio emergencial, o que as exigiu resistência e organização coletiva para o usufruto de um direito constitucionalmente amparado.

            O Auxílio Emergencial é um benefício instituído no Brasil pela Lei de Nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que prevê o repasse de 600 reais mensais a trabalhadoras(es) informais e de baixa renda, microempreendedoras(es) individuais e também contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social. No caso das mulheres chefes de família, o benefício foi de 1.200 reais. O auxílio foi automaticamente creditado na conta bancária das beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), o que facilitou o processo, uma vez que não foi necessário fazer um novo cadastramento. Porém, as mulheres se depararam com dificuldades para a retirada do dinheiro.

             O referido auxílio chegou para a população – e para as mulheres – como um alento frente à crise econômica que já assolava o país, devido ao valor ser superior àquele pago mensalmente pelo PBF. No entanto, a decisão do governo federal de concentrar e operacionalizar o pagamento do auxílio às(aos) mais de 60 milhões de brasileiras(os) através de agências e lotéricas da Caixa Econômica Federal, desconsiderando a ampla rede de assistência social que abarca todos os municípios brasileiros, provocou filas quilométricas, aglomerações e expôs essa população em situação de vulnerabilidade social ao risco de contágio pela Covid-19. Isso sem contar sua exposição a outras situações não dignas como fome, sede e mal-estares provocados pelas longas horas de espera nas ruas sob sol e chuva.

            São as mulheres as principais responsáveis pela tarefa de deslocamento para o acesso às políticas sociais que beneficiam a família como um todo. Pela ótica de suas dificuldades de acesso aos programas de transferência de renda, que se estende aos demais serviços essenciais e públicos, promoveremos essa reflexão sobre a mobilidade rural, o tempo e as desigualdades de gênero.

[1] “Às mulheres rurais, referimo-nos aquelas mulheres que vivem no meio rural e que possuem as diversas ocupações, identidades e modos de vida: agricultora, dona de casa, mãe, artesã, professora, comerciante, estudantes, ribeirinhas, posseiras, boias-frias, diaristas, parceiras, extrativistas, quebradeiras de coco, pescadoras artesanais, sem-terra, assentadas, indígenas, quilombolas, descendentes de colonos europeus, etc.” (MORAES; SIEBER; FUNARI, 2020, p. 5).

Pesquisa, extensão e troca de saberes: um relato de experiência a partir da pesquisa “Mulheres rurais e uso do tempo”

Lorena Lima de Moraes - Juliana Funari - Nathália Marques da Silva Nascimento - Roberta Cristina Gomes

Quem somos, de onde viemos e o que nos une?

Lorena Moraes
Sou feminista, doutora em Ciências Sociais e professora universitária na Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE-UAST). Sou natural de Belém do Pará, região norte do Brasil, e as mudanças na configuração familiar permitiu com que eu morasse em vários lugares do país, como Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e Porto Alegre (RS), sempre vivenciando experiências urbanas nestas cidades. Em 2013, aos 27 anos, enquanto cursava doutorado, passei no concurso para professora universitária. Nesta época, eu morava no Rio de Janeiro e sair desta metrópole para morar numa pequena cidade do interior do país, foi um tanto quanto impactante. No entanto, eu me adaptei muito rápido e não perdi a chance de conhecer várias comunidades rurais e quilombolas, através da participação em projetos de extensão universitária, ainda no primeiro ano de residência na cidade de Serra Talhada – PE, sertão pernambucano.

Esta cidade é conhecida por ser a cidade de origem do cangaceiro Lampião (Virgulino Ferreira), um temido justiceiro, que lutava contra as desigualdades sociais a seu modo, na base de violentas mortes, vinganças, machismos e crueldades. Contudo, Serra Talhada também é conhecida por ser uma das primeiras cidades brasileiras a fundar um Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais – Sertão Central (MMTR-SC), no início da década de 1980. Assim, esta cidade, que carrega características culturais provenientes do machismo e do coronelismo, apresenta um paradoxo, que é a resistência das mulheres rurais, organizadas em movimentos sociais que fortalece diversos grupos de mulheres rurais das cidades circunvizinhas.

Quando cheguei em Serra Talhada, investigava a Criminalização da Homofobia no Brasil,  no entanto, ao me aproximar e conhecer pouco a pouco a realidade das mulheres rurais, não exitei em mudar o tema da minha tese de doutorado, que foi concluída em 2016, com o título Entre o público e o privado: a participação política de mulheres rurais no sertão pernambucano. No ano seguinte, fundei o DADÁ: Grupo de Pesquisa em Relações de Gênero, Sexualidade e Saúde, no qual sou coordenadora. O grupo se mantém dia após dia mais fortalecido porque é constituído por várias professoras e estudantes da UFRPE-UAST, bem como de outras instituições de ensino superior da cidade de Serra Talhada e outras profissionais. Dentre as diversas atividades de ensino,

pesquisa e extensão que desenvolvemos voltadas para mulheres rurais e jovens rurais e urbanos, além das atividades voltadas às questões da população LGBT, desde 2018, estamos desenvolvendo  a pesquisa Mulheres rurais e uso do tempo: divisão sexual do trabalho e relações de gênero no estado de Pernambuco. Esta pesquisa, que será detalhada nas próximas páginas, surgiu a partir das minhas inquietações durante o processo de escrita da tese de doutorado, e tem me possibilitado mergulhar ainda mais no universo das mulheres rurais, provocando um processo intenso de amadurecimento pessoal e profissional, onde aprendo e compartilho seus saberes e dificuldades e ainda, possibilita a inserção científica e acadêmica das minhas alunas, que são jovens universitárias e revivem um pouco da história das suas famílias, além de amadurecer junto e se inspirar na jovem professora.

Nathália Marques

Meus avós maternos e paternos nasceram e se criaram na zona rural trabalhando e morando nas terras de familiares e/ou nas terras dos seus patrões que eram fazendeiros. Viviam unicamente da sua renda na roça e pelos serviços prestados aos seus patrões ou moradores da região (por meio de diária de serviço). Meus pais também viveram em tais condições, porém, começaram a se deslocar para a cidade para terminar os estudos e, quando finalizaram o 2° grau escolar, optaram por se mudar de vez para Salvador (BA), para buscarem melhores condições de trabalho.

Quando eu nasci, acabei indo morar com meus avós paternos em Serra Talhada (PE), pois a minha mãe trabalhava em casa de família e a patroa dela não aceitava funcionária com filhos, a ponto de me maltratar quando teve oportunidade. Dessa forma, fui criada pelos meus avós paternos que eram agricultores. Estudei a minha vida inteira em escola pública na cidade e a minha avó se deslocava comigo entre a zona rural e urbana, para garantir a minha educação escolar.

Aos 15 anos, ingressei numa boa escola também pública, onde estudava em tempo integral. A base que tive nesta escola me garantiu uma boa nota para entrar no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas na UAST. No segundo período conheci a professora Lorena e trabalhei com ela em um projeto sobre mulheres rurais que se desviavam dos padrões de gênero esperados para elas, ou seja, casar e ter filhos. Neste projeto, tive a oportunidade de conhecer uma realidade diferente das mulheres rurais da minha família, pois, conheci mulheres idosas, solteiras e que não eram mães, pois tinham outros interesses e ideais de vida, como por exemplo, militar nos movimentos sociais em prol de uma vida melhor para todos, ou seja, para além da sua família.

A minha segunda experiência em projetos de iniciação científica, desta vez, na condição de bolsista (PIBIC/CNPq), foi na pesquisa Mulheres rurais e Uso do tempo, onde participei da construção da metodologia com as demais pesquisadoras e fui várias vezes para a casa das mulheres realizar pesquisa de campo. Gostaria de destacar também, que neste ano de 2019, eu vivenciei a

incrível experiência, oportunizada pelo DADÁ, de participar da VI Marcha das Margaridas e da I Marcha das Mulheres Indígenas, em Brasília. Eu e mais quatro alunas integrantes do DADÁ, viajamos 1.921km de ônibus, com várias mulheres rurais que representavam diferentes municípios do Território do Sertão do Pajeú - PE e os respectivos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Esta experiência, intensa e inesquecível, me possibilitou adquirir ainda mais conhecimento e valorizar a luta das mulheres rurais.

Roberta Gomes

Sou licencianda do curso de Letras na Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Nasci e cresci na cidade de Serra Talhada, interior de Pernambuco,  por ser uma cidade que contrasta o centro urbano e suas periferias mais ruralizadas, o contato com o rural sempre esteve presente na minha infância e adolescência. Nas férias escolares passava meses convivendo nesse meio e sempre observava a força e determinação das mulheres da minha família, pois, a minha família materna toda se encontrava morando na zona rural, com exceção da minha mãe, que ao casar com meu pai foi morar na cidade.

Mainha casou pouco antes de terminar os estudos. Com o passar do tempo, ela percebeu que não ter concluído os estudos lhe faz falta até os dias atuais. Por isso, ela nunca mediu esforços para garantir que eu e minha irmã tivéssemos uma boa educação. Aos 15 anos, ingressei numa escola pública e integral e, desde essa época eu já sonhava em fazer faculdade e ser professora. Esta escola, que é de referência na cidade, me capacitou para que em 2019, aos 18 anos eu conseguisse entrar na universidade, e, este sonho só foi possível, porque há uma universidade pública na minha cidade1, caso contrário, eu não teria condições financeiras de ir estudar em outra cidade.

Obtive boa pontuação não só para ingressar no curso que escolhi, mas também, para acessar uma Bolsa de Incentivo Acadêmico (BIA)2. Esta bolsa é concedida aos estudantes que estudaram em escola pública e que tiveram a maior nota da turma no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os professores do curso apresentam seus projetos de pesquisa e a/o estudante selecionada/ o escolhe qual projeto quer executar, e foi assim que conheci a professora Lorena, seu projeto e me tornei membro do DADÁ. Após seis meses desenvolvendo as atividades do projeto da bolsa BIA, hoje, dou continuidade a este projeto, já na condição de bolsista de iniciação científica (PIBIC/CNPq), investigando o tempo que as mulheres dedicam à participação política, comunitária e religiosa.

1         A Unidade Acadêmica de Serra Talhada tem apenas treze anos e foi fundada durante o governo Lula, durante o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que democratizou o ensino superior levando ensino público, gratuito e de qualidade para os mais distintos pontos do interior do Brasil.

2         A Bolsa de Incentivo Acadêmico é financiada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia no Estado de Pernambuco e tem como objetivo apoiar as/os melhores alunas/os, egressas/os da rede pública de ensino, classificados no Exame Nacional do Ensino Médio para a UFPE, UFRPE e UPE, incentivando sua adaptação à vida universitária sob tutoria de docente pertencente ao quadro efetivo da instituição conveniada.

Juliana Funari

Sou mulher jovem, feminista e ambientalista, atuo há pelo menos 08 anos na área socioambiental, principalmente com mulheres de movimentos sociais, organizações comunitárias e de redes de agroecologia. Nasci e me criei na maior cidade da América Latina, São Paulo, onde muitos questionamentos sobre o modelo de desenvolvimento e desigualdades socioambientais foram se tornando para mim, reais motivações para tomada de decisão de fazer o caminho inverso da maioria da juventude que busca nos grandes centros urbanos oportunidades de "uma vida melhor". Tive o privilégio de em 2013 escolher fazer o meu mestrado em Pernambuco, adotando esse estado e o Nordeste brasileiro como meu espaço de vida, pesquisa, aproximação mais intensa com as mulheres rurais, das águas, do campo e da floresta.

Nessa trajetória fui assessora técnica no programa de Direitos das Mulheres da ONG Actionaid Brasil de 2013 a 2016, onde pude trabalhar com mulheres rurais e urbanas de diversos estados do Nordeste. Em 2017, trabalhei com ONGs do campo da agroecologia de atuação local, me engajando também enquanto pesquisadora do DADÁ, em Serra Talhada-PE, onde morei por um ano. Em 2018, assumi o desafio de me mudar para o Maranhão para trabalhar como assessora técnica no Movimento Interestadual das Quebradeira de Coco Babaçu (MIQCB), o maior movimento de mulheres da América Latina, onde estou aprendendo com as guardiãs das florestas de babaçu o significado profundo do trabalho das mulheres para a defesa dos bens comuns, modos de vida e territórios tradicionais.

O que nos une, além do trabalho acadêmico e da convivência em uma cidade do interior do Nordeste brasileiro, é a luta contra todo tipo de violência (ambiental, machista, sexista, lgbtfóbica, racista, capacitista), contra as desigualdades de gênero, lutamos por condições de vida digna para as mulheres, sobretudo para as mulheres rurais, estudamos e construímos conhecimento evidenciando e aprendendo com as mulheres em suas especificidades, pluralidades, potencialidades de autonomia e processos de empoderamento. É com esse propósito que compartilhamos a proposta, os caminhos e aprendizados da pesquisa que estamos realizando coletivamente, com o intuito de dar visibilidade: às jornadas de trabalho das mulheres - traduzidas em quantidade de horas; à diversidade de trabalhos que elas realizam; à ausência de divisão de tarefas em seus lares; à carga mental provocada pelo acúmulo diário de tarefas e; ao trabalho de cuidado familiar, comunitário e ambiental que as mulheres rurais desenvolvem em prol da lógica anticapitalista e de cuidado com o outro.

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